Escucha esta nota aquí

La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, del 4 de julio de 1776, instituyó la primera Constitución política que, con apenas unos 30 artículos, consagró el Estado liberal, y una estructura de poder, con sus principios, valores y derechos y, por tanto, constituye una de las fuentes más relevantes del constitucionalismo moderno.

La paternidad de esta Constitución se atribuye a John Adams, Benjamín Franklin y Thomas Jefferson, y se fundamenta en la filosofía política iusnaturalista de la época: a) todos los hombres son creados iguales y son titulares de algunos derechos inalienables: la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad; b) los hombres consienten la Constitución de los gobiernos precisamente para asegurar el disfrute de esos derechos; y c) cuando no cumplen esta función, los súbditos pueden rebelarse y crear una nueva comunidad política. 

Con esta histórica Declaración, las colonias se dotan de su propia Constitución. No obstante todas las Constituciones coloniales responden al concepto moderno de Constitución: son escritas y sistemáticas, y fueron establecidas por asambleas constituyentes. A partir de esta Declaración, la Constitución se estructura de una parte dogmática (los principios, los valores: filosofía política en que la Constitución se inspira) y una parte orgánica (la organización de los poderes constituidos), que descansa en dos principios básicos: el de la separación de poderes y el de primacía de la Constitución. 

La Constitución de EEUU, venerada por el pueblo norteamericano como si de un evangelio civil se tratase, es la más antigua de las vigentes, consagra el sistema de gobierno presidencialista, cuya nota más destacada será que el origen y la continuidad de los poderes Ejecutivo (el presidente) y Legislativo (el Congreso) no están vinculados entre sí (elecciones distintas, ausencia de censura y de disolución). Y permite una sola reelección y a ningún presidente norteamericano (en los últimos 50 años) se le ha ocurrido pensar en buscar una continuidad en el cargo.
Se establece igualmente una división ‘vertical’ del poder político, que se plantea tanto como una respuesta a una cuestión territorial como al designio de controlar el ejercicio del poder limitándolo de este modo, con lo que se pretende conciliar la soberanía de la Federación del Estado central (la Unión no es ya una mera alianza entre estados, sino un Estado en sí mismo) con la soberanía de los Estados miembros, sobre la base de la división de competencias (fijadas en la Constitución) entre los órganos de la Federación y los de los Estados. El Poder Legislativo de la Unión (el Congreso) refleja este carácter dual: por un lado, la Cámara de Representantes, que representa al pueblo de Estados Unidos; y, por otro, el Senado, que representa a los estados en pie de igualdad (dos miembros por cada estado). 

En cualquier caso, la Revolución Americana constituye un paradigma para el constitucionalismo democrático, y ha consagrado el carácter supremo de la Constitución: a) cuya aplicación es obligatoria y su incumplimiento conlleva algún tipo de sanción, normalmente la no producción de efectos jurídicos de la disposición o acto que la contravenga; b) y como es la norma superior del ordenamiento vincula a todos los poderes constituidos del Estado.

La Constitución norteamericana es además una Constitución rígida, es decir, inmune a los procedimientos legislativos ordinarios (el art. V consagra un procedimiento de reforma relativamente complejo, que requiere el concurso del Congreso de 2/3 de cada Cámara y de las Asambleas de una gran mayoría de 3/4 de los estados).

La supremacía de la Constitución se perfecciona con el control judicial de la constitucionalidad de las leyes a cargo del Poder Judicial. En el caso Marbury vs. Masison de 1803, quedó consagrado que, cuando se advierta una contradicción entre la Constitución y una ley, los jueces han de aplicar la primera e ignorar la segunda. Esta histórica resolución será el acta de nacimiento del control judicial de constitucionalidad de las leyes, y aquí comenzará un capítulo aparte del Derecho Constitucional.