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En su estreno en la vida política, el ex Juez Sergio Moro, ahora ministro de Justicia y Seguridad Publica del Brasil, acaba de presentar al Congreso brasileño un documento que, si es aprobado va a sacudir las estructuras del Código Penal, de la Ley de Ejecución de Pena y el Código de Procedimiento Penal. El proyecto que modifica 14 leyes, incorpora 10 medidas contra la corrupción, que fueron elaboradas en el año 2016 por el Ministerio Público Federal. Tales medidas procuran desmantelar el crimen organizado, las facciones y las milicias criminales que actúan en Brasil.

El proyecto de Moro tiene un punto extremadamente polémico como es el caso de la exclusión de la responsabilidad penal del policía que mata en servicio si fuera sorprendido, cuando sufra miedo, de inminencia de conflicto armado con criminales o de violenta emoción; en esta parte, dicho proyecto coloca la hipótesis de la legítima defensa demasiado amplia y subjetiva.

Lo positivo es que se pretende que los condenados en segunda instancia, después de perder la apelación y aun cabiendo otro recurso de apelación ante la Corte Suprema, pasen a cumplir pena inmediatamente. Asimismo, que los delitos dolosos contra la vida (asesinato, homicidio y otros), condenados en primera instancia, también cumplan pena desde el momento de la sentencia en juicio y a pesar de contar con dos recursos de apelación. Igualmente, los delitos por corrupción.

Por otro lado, previene que los vehículos confiscados pasen a ser utilizados por la Policía o sean dados para uso de instituciones del Estado como escuelas, hospitales y otros. Asimismo, se prevé un Banco de DNA para que en su filiación se recojan muestras de DNA de todo condenado. Los delatores de crímenes, además de su protección, serán premiados con un valor de hasta el 5% del valor recuperado por su denuncia. Señala la figura legal de la inmediata ‘solución negociada’ de delitos menores que no ultrapasen la pena de 4 años de presidio.

Como se ve, Brasil presenta reales soluciones para su lucha contra el crimen como llamar de ministro de Justicia y Seguridad Pública a un jurista de la talla de Sergio Moro que en el pasado reciente dio excesivas muestra de su trabajo en dicha línea y ahora, con medidas aplaudidas por gran parte de los juristas brasileños.

En nuestra realidad, lamentablemente los políticos se niegan a otorgar independencia a los administradores de justicia (jueces, fiscales, policías), mucho menos de dotarlos de un razonable presupuesto para su funcionamiento (La media en la región es del 3.5% del PIB, en Bolivia es el 0,5%). Un ejemplo, la Ley Contra la Corrupción – Marcelo Quiroga Santa Cruz, que data del 2010 y que establece que los procesados que coadyuven con la justicia obtendrán reducción de sus penas en 2/3, después de 8 años de vigencia, no se ha conocido un solo caso que se haya solucionado por esa vía y escándalos de corrupción son bastantes a los que nos tienen acostumbrados; en contrapartida, la Ley de la “Delacao Premiada” del Brasil, del año 2013, ha arrojado casos como la Lava Jato con 200 procesos y el caso o “Mensalao” con un procesamiento de 40 diputados.