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Según el testimonio de Y.J.R. (21), la muchacha que acompañaba a Rodrigo Carvajal (20) y Edson Veizaga Pérez (22), quienes fueron golpeados y quemados el 25 de septiembre en la comunidad Manco Kápac, cerca de Entre Ríos en Cochabamba, los tres fueron golpeados por al menos seis sujetos.

Los jóvenes, supuestamente sindicados de estar en posesión de un vehículo robado (aunque hasta ahora no existe denuncia de ello), fueron interceptados, encerrados en un cuarto y golpeados. Allí, les taparon las caras con prendas de vestir y cuando les dijeron que los iban a matar, ellos se pusieron de rodillas y suplicaron por sus vidas.

Luego de estos hechos, las personas que los golpearon los entregaron a la comunidad, donde una turba los siguió golpeando hasta que en determinado momento les rociaron gasolina y les prendieron fuego.

Carvajal murió en el lugar y Veizaga, dos días después, tras agonizar en una clínica de Santa Cruz, pues tenía quemaduras en el 80% de su cuerpo.

Primer aprehendido

Un mecánico de 43 años, de iniciales R.M., habría participado en el linchamiento de los dos jóvenes el 25 de septiembre, por lo que es el primer aprehendido en este caso, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Johnny Corrales.

“Con su vehículo habría interceptado a los ahora fallecidos, facilitando así para que estos fueran victimados por una turba”, dijo la autoridad policial. La tarde del jueves, R.M. fue aprehendido en Ivirgarzama, donde tiene un taller mecánico, una ferretería y una venta que estaba atendiendo.

Inicialmente reconoció que presenció los hechos y que había golpeado a los jóvenes; sin embargo, ante la Fiscalía, se abstuvo de declarar. Su audiencia debía realizarse ayer en Sacaba, pero fue suspendida y el aprehendido fue trasladado a la ciudad.

Corrales indicó que hay una orden de aprehensión contra otra persona, pero que “por motivos de seguridad no lo vamos a nombrar, pero incluso ya tenemos tramitados allanamientos a domicilios”.

El caso, en reserva

La fiscal Miriam Rodríguez señaló que el caso ha sido declarado en reserva por lo delicado de la situación, pero indicó que se debe mandar un mensaje a la ciudadanía de que en un estado de Derecho no pueden permitirse estos hechos y que se indagará para dar con los responsables.

“Si había una sospecha sobre estas personas por un supuesto delito patrimonial, lo que correspondía era que los entreguen a las autoridades”, manifestó la fiscal.

Licenia Veizaga, hermana de una de las víctimas, indicó que con la aprehensión del primer sospechoso se abre para su familia la esperanza de que se haga justicia y que se llegue a sancionar con la pena máxima, 30 años sin derecho a indulto. “Lo que hicieron no tiene palabras, decir masacre, asesinato, es poco”, afirmó.