El diputado demócrata Tomás Monasterio instó al Gobierno a transparentar las fechas de ingreso al país del jet incautado en El Trompillo. El opositor observó un trasfondo ilícito en el caso, luego de que se conociera que el jefe del piloto de la aeronave está preso en Estados Unidos por hechos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas.

El legislador hizo referencia al piloto del jet y sus vínculos con un empresario mexicano que está preso en EEUU. Ramón Castillo Manríquez, piloto y dueño de Global Exec Aviation, compañía que operaba el jet incautado el 6 de julio en Santa Cruz, tiene nexos con el empresario mexicano José Susumo Azano Matsura, que purga una condena de tres años en Estados Unidos por actividades ligadas al narcotráfico y tráfico de armas.

Escucha la conferencia de Monasterio:

Según Monasterio, el Gobierno cayó en contradicciones y mentiras por la falta de transparencia en el caso del jet incautado. “Llama mucho la atención la actitud de parte del Gobierno que insistentemente buscó evadir la verdad, recurriendo a la mentira, luego (al) caer en un abismo de contracciones. Por último, coartar nuestra labor de fiscalización e investigación”, manifestó, en conferencia de prensa.

Además, considera -basado en una investigación de Univisión- que existen elementos suficientes para “presumir que el Gobierno nacional está involucrado de manera directa en un hecho delictivo (...) vinculado al narcotráfico y tráfico de armas".

También puedes leer:-

Detención de jefe del piloto

EL DEBER reveló ayer que nadie conoce el paradero de Ramón Castillo Manríquez, piloto y dueño de Global Exec Aviation, compañía que operaba el jet incautado por la Aduana Boliviana el 6 de julio pasado en Santa Cruz. Lo que sí se comprobó son sus nexos con un empresario mexicano que purga  una condena de tres años de cárcel en Estados Unidos.

El magnate es José Susumo Azano Matsura. Fue investigado por el FBI por supuestas actividades ligadas al narcotráfico y el tráfico de armas. Pero una corte de San Diego, California, lo condenó en 2017 por financiar ilegalmente campañas de un exfiscal y de un exacalde.

En total, aportó más de $us 500.000. Es el mayor escándalo político del condado norteamericano, porque el empresario buscaba favores de los políticos en proyectos inmobiliarios.