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Los bolivianos acudirán a las urnas este domingo para votar a las autoridades judiciales de cuatro instancias: el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura.

Te presentamos a qué se dedica cada una de las entidades y cuáles son sus alcances.

Tribunal Agroambiental

Es la máxima instancia especializada de la jurisdicción agroambiental e imparte justicia en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad, que no sean de competencia de autoridades administrativas.

 

Entre sus atribuciones, el Tribunal Agroambiental está facultado para anular sentencias judiciales que incumplan procedimientos o que contengan una incorrecta interpretación o aplicación de la ley relacionados al medioambiente.

 

(Imagen OEP)

 

Puede atender demandas por actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medioambiente, además de demandas por prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies. 

 

También está en sus competencias establecer responsabilidades ambientales y medidas para la reparación, rehabilitación o restauración por el daño causado.

 

Tribunal Supremo de Justicia

 

Su función es impartir justicia en materia civil, comercial, familiar, niñez y adolescencia, tributaria, administrativa, trabajo y seguridad social, anticorrupción y penal.

 

La jurisdicción ordinaria se ejerce a través de los tribunales departamentales de justicia, tribunales de segunda instancia, los tribunales de sentencia y jueces con jurisdicción, donde ejercen competencia en razón de territorio, naturaleza o materia.

(Imagen OEP)

Tiene facultades para anular sentencias judiciales con errores de interpretación de la ley o con defectos procedimentales.

 

Trata procesos de extradición, casos de revisión extraordinaria de sentencia y recursos de nulidad. Tiene potestad para invalidar sentencias que infrinjan derechos o garantías aseguradas por la Constitución Política del Estado o tratados internacionales.

 

Designa a los vocales de los tribunales departamentales de justicia y dirime conflictos de competencias. También juzga como tribunal colegiado al Presidente y al Vicepresidente del Estado por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato.

 

Tribunal Constitucional Plurinacional

 

Es el máximo guardián e intérprete de la Constitución Política del Estado (CPE) y sus decisiones son vinculantes, obligatorias y no admiten recurso ulterior.

 

Ejerce el control de constitucionalidad de leyes nacionales, departamentales, municipales y estatutos autonómicos, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales de las personas.

 

Entre sus atribuciones están: resolver la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la CPE y la ratificación de tratados internacionales. Revisa acciones de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular y de Cumplimiento, y resoluciones del Órgano Legislativo que vulneren uno o más derechos.

 

(Imagen OEP)

También atiende asuntos sobre la inconstitucionalidad de leyes, revisa los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas, además de revisar la constitucionalidad de decretos, ordenanzas y resoluciones no judiciales.

 

Trata recursos directos de nulidad de tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones creados, modificados o suprimidos.

 

También es la entidad encargada de atender conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales autónomas y descentralizada y controversias entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental.

 

Consejo de la Magistratura

 

Es la instancia que se encarga del control y fiscalización económica de todos los bienes del Órgano Judicial, bajo el principio de participación ciudadana, administra la Dirección de Derechos Reales y es responsable del régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinaria y agroambiental.

 

Sus funciones son desarrollar políticas de gestión judicial, administrativa, de información, participación ciudadana y control social y realizar estudios técnicos y estadísticos relacionados con las actividades del Órgano Judicial.

 

(Imagen OEP)

 

También ejerce el control disciplinario de vocales, jueces y personal administrativo, promueve la revocatoria de mandato de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental que comentan faltas gravísimas en el ejercicio de sus funciones.

 

Es su deber preseleccionar candidatos para la conformación de Tribunales Departamentales de Justicia y designa a jueces de partido y de instrucción mediante concurso de méritos y exámenes de competencia.