Escucha esta nota aquí

Nueve víctimas de octubre de 2003 se verán por primera vez frente a frente con Gonzalo Sánchez de Lozada y con Carlos Sánchez Berzaín, ambos acusados de las muertes en la denominada guerra del gas. Las ex autoridades bolivianas llegarán mañana a la Corte Federal de Fort Lauderdale (Florida) para enfrentar el inicio de un juicio civil que fue auspiciado y financiado por una organización no gubernamental (ONG) estadounidense, la cual aglutinó a ocho abogados de la prestigiosa universidad de Harvard para que logren un resarcimiento económico para los nueve afectados de la masacre.     

Beth Stephens es una de las abogadas estadounidenses que lleva el caso. La experta respondió un cuestionario que le envió EL DEBER, en el que señala que el juicio civil no tiene ninguna vinculación con uno penal. Es más, dice, que en caso de que el litigio -que se inicia el 5 de marzo-  sea favorable para las víctimas no será un precedente para la extradición de las exautoridades. “Son procesos completamente independientes”, explica la abogada.   

Stephens es parte del Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Harvard. Esta organización financió y desarrolló el juicio civil contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. El objetivo del proceso legal es lograr el resarcimiento económico para nueve víctimas de octubre negro, quienes iniciaron este proceso jurídico en 2007.  

“Familiares de las víctimas de 2003 pidieron la ayuda de abogados estadounidenses, ya que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín estaban en Estados Unidos. La demanda alega que esos dos son responsables por la muerte de sus familiares. Metimos la primera  demanda en 2007. Los demandantes buscan justicia para sus familiares. Un juicio civil puede resultar en una indemnización, o sea, un fallo que requiere que los demandados pagan dinero”, detalla Stephens. 

Ni Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín están obligados a asistir al inicio del juicio en Fort Lauderdale, ya que sus abogados pueden representarlos. Las exautoridades enfrentan los cargos por participación en asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad, homicidios culposos, abusos y violación de los derechos humanos. Se estima que este proceso legal dure un mes.    
     
El equipo de EEUU
Ocho son los abogados que trabajan en este caso desde 2007. Stephens relata que llegó a La Paz “en varias ocasiones” para recolectar testimonios, pero sobre todo para conocer el lugar de los hechos. Visitó las poblaciones paceñas de Sorata, Warisata, Achacachi y El Alto. La abogada tiene buenos recuerdos de Bolivia y destaca el buen trato de la población.      

Además de Stephens, el equipo que tramitó el caso desde 2007 está compuesto por los juristas estadounidenses Thomas Becker, Jennie Green, Judith Chomsky, David Rudovsky, Steven Schulman, John van Sickle y Jeremy Bollinger. Los tres últimos pertenecen al bufete Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. 

Pero este equipo sumó el respaldo de los prestigiosos juristas James Cavallaro, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Tyler Giannini, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard. Además, trabajaron con los abogados Ira Kurzban y Geoffrey Hoffman, quienes radican en Miami (Estados Unidos). 

En Bolivia trabajó en este juicio civil desde un inicio el abogado Freddy Ávalos, quien es uno de los representantes legales de las víctimas de octubre de 2003. El jurista detalla que los demandantes viajarán a Estados Unidos para ser parte del caso y anuncia que este litigio puede ser el inicio para la extradición de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín. 

“No es este juicio el definitivo, nosotros confiamos en que la decisión y sentencia de los jueces sirva para reforzar el pedido de extradición que existe en contra de esas personas, nosotros vamos a culminar el proceso y después avanzaremos en la extradición, destaca Ávalos.  

La posición boliviana

El otro abogado de las víctimas es Rogelio Mayta, quien afirma que son nueve los demandantes. El jurista se sumó a este proceso, aunque combina labores con el proceso penal, que tiene como fin la extradición de las exautoridades.    

“Este juicio civil no tiene nada que ver con lo penal. Es una acción que la hemos encaminado hace algo más de una década, ante la ineficacia de la justicia boliviana”, remarca Mayta. 

El jurista enumera las dilaciones de parte de la defensa de las dos exautoridades y que finalmente hace tres años empezó el proceso civil con la presentación de los testimonios. Este es uno de los tres juicios que tienen Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín: el primero por los hechos de octubre, el segundo el civil y otro por la capitalización de las empresas.


Solo uno de los acusados decidió declarar. Sánchez Berzaín dice que existen tres procesos civiles que se instalaron y que los dos primeros fueron victoriosos para ambas exautoridades. En este caso explica que están preparados para asumir defensa. 

“Desde 2007 han empezado este proceso, nosotros hemos planteado excepciones, hemos ganado el juicio una vez, según la legislación estadounidense ellos tienen derecho de plantear otra demanda y hemos vuelto a ganar; hay una tercera demanda que nos impusieron por hechos diferentes y prueba adicional”, explica Sánchez Berzaín, en un contacto telefónico con este medio.

El exministro de Defensa acota que en este caso las víctimas van tras la supuesta fortuna de Sánchez de Lozada, ya que él asegura que vive de pocos ingresos. 

Además, Sánchez Berzaín no escapa para ratificar las acusaciones contra Evo Morales, a quien lo culpa de los hechos de octubre de 2003. “Quieren atribuir falsamente responsabilidades al presidente Sánchez de Lozada y los miembros de su gabinete de ministros por los hechos luctuosos promovidos por el propio Morales y sus cómplices para derrocar el gobierno constitucional”, dice. 

Los luctuosos hechos de 2003 terminaron el 17 de octubre de ese año. Tras 14 meses de conflictos, La Paz volvió con la huida de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín hacia Estados Unidos. Se contabilizaron 58 fallecidos luego de la represión militar, pero ahora las víctimas llegan a más de 80. 

De esa cifra, solo nueve están representadas ante la justicia estadounidense. Ávalos explica que se tomaron los casos más significativos y que se puede trabajar para que los demás afectados puedan acceder a un resarcimiento. 

Los nueve demandantes de este juicio civil son Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Sonia Espejo Villalobos, Hernán Apaza Cutipa, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya, Gonzalo Mamani Aguilar y Felicidad Rosa Huanca Quispe. 

Estas nueve personas viajaron a Estados Unidos para dar sus testimonios al jurado de la Corte Federal de Fort Lauderdale. Además, está previsto que vayan dirigentes sindicales de esa época, como Roberto De la Cruz, exlíder de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y ex autoridades indígenas de Warisata y Achacachi.    

Llegó Becker a La Paz
El abogado Thomas Becker llegó a La Paz el miércoles. Ese día se reunió con las nueve víctimas en El Alto y afinó los argumentos jurídicos del caso. Él vino a recoger a los demandantes, pero además tuvo un encuentro con los juristas nacionales Ávalos y Mayta, quienes también estarán en el inicio del juicio.    

Becker realizó una parte del proceso final de la estrategia, ya que Stephens y los demás abogados estadounidenses iniciaron las citas preparatorias para el inicio del juicio civil en Fort Lauderdale a partir del jueves.

Todos los gastos económicos de la demanda y logística corren por cuenta de CCR, pero además hay financiamiento de la universidad de Harvard, ya que su Clínica de Derechos Humanos tomó el caso y cooperó con expertos. 

El Gobierno de Evo Morales no desembolsó dinero para esta demanda ni acompañó el proceso con sus expertos. Mayta explica que este es un caso civil y aunque el Ejecutivo intente cooperar, se le dirá “no, gracias”. 

Aun así, personeros del Gobierno salieron a la luz pública para alabar el inicio del juicio. Lo hizo el vicepresidente Álvaro García en pleno 21 de febrero, día del paro cívico a escala nacional, pero además el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, apuntó a Sánchez Berzaín por intentar escapar de sus responsabilidades.  

“Son una serie de falsedades y mentiras con las que Sánchez Berzaín trata de distorsionar y falsear la verdad histórica y de esa manera escapar de la justicia. Sánchez Berzaín trata de salvarse, y en ese  afán de salvarse distorsiona lo de octubre y utiliza para ese fin algunos medios de comunicación”, afirma Rada. 

Becker detalla que el juicio civil puede durar un mes y que a finales de marzo puede conocerse la sentencia. Además, el abogado estadounidense señala que cerca de 30 abogados colaboraron en este proceso y que fueron tres las  organizaciones que financiaron el proceso: el Programa de Derechos Humanos de Harvard, el bufete de abogados de Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, LLPuffete y el Centro de Derechos Constitucionales. “Esta es la primera vez en el mundo que un expresidente tenga que responder ante la justicia por una demanda civil; es algo histórico”, remarca Becker.  

Juez decide el resarcimiento

El monto del resarcimiento es una incógnita. Si bien se menciona una cifra, que es manejada en reserva por la parte demandante, será el juez del caso quien defina la cantidad de dinero que llegue para los querellantes, si es que el caso es a su favor. Stephens explica que en este paso se analiza la gravedad de los hechos y las consecuencias por la pérdida de un ser humano en una familia.  

Eloy Rojas Mamani estuvo desde un inicio en este proceso y es por él que el caso tiene el rótulo de Mamani vs. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. El demandante no quiere hablar de montos, pero inspira al saber que podrá tener enfrente a las dos exautoridades en una corte de Estados Unidos. 

“Quiero relatar y dar mi testimonio al juez de todo el mal que hicieron estas dos personas. Quiero decirle al juez, enfrente del Goni (Sánchez de Lozada) y del ‘Zorro’ (Sánchez Berzaín) que ellos son unos asesinos, ellos mataron a mi hija, una niña inocente. El momento llegó y la justicia llegará”, exclama Rojas Mamani. 

Becker explica que mientras transcurra el proceso se llamará a testigos para que dejen sus testimonios del caso. Entre ellos irán Juan Del Granado, exalcalde de La Paz, y se piensa convocar a los exdirigentes Felipe Quispe, Jaime Solares y Roberto de la Cruz. 
Este juicio puede ser un precedente, pero no devolverá al país a las dos exautoridades. 

Buscan la conciencia política para lograr la extradición

Héctor Arce dice que la sentencia del juicio civil puede ser un precedente que debe ser abordado por autoridades políticas de EEUU. El proceso de extradición de Sánchez de Lozada está estancado desde hace dos años. 

Son dos procesos diferentes y no existe ninguna relación. El juicio civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro
Carlos Sánchez Berzaín no tiene vinculación con la vía penal, que busca la extradición de ambas exautoridades; sin embargo, autoridades del Gobierno quieren, en caso de ser favorable la demanda civil, que haya un antecedente y que las autoridades políticas de Estados Unidos apelen a la expulsión. 

El ministro de Justicia, Héctor Arce, explica que el caso de extradición está en manos de las autoridades políticas de Washington. Se necesita su aval para que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín puedan ser extraditados al país y acá cumplan una demanda por genocidio. 

“Nosotros esperamos que las conclusiones que se están revelando, y lo que podría demostrarse durante el juicio civil que se llevará adelante ante un juez federal en Miami, motiven a las autoridades políticas (de EEUU) y entiendan la gravedad de los hechos y viabilicen la extradición”, expresa el ministro Arce. 

Durante dos años continúa paralizado en el Departamento de Justicia de Estados Unidos el trámite de extradición de Sánchez de Lozada,  acusado en Bolivia por el caso octubre negro. La Fiscalía asegura que de manera permanente solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores insistir en la extradición por los canales diplomáticos. La Cancillería no tiene nueva información. 

Eloy Rojas Mamani 
Warisata
Tras la ventana

Es el principal y el primer demandante en este juicio civil. Fue quien hizo el contacto con organizaciones de Estados Unidos para que lo asesoraran en un juicio civil. Perdió a su hija, la niña Marlene Rojas Mamani, en la localidad de Warisata, en el municipio de Achacachi. 

Etelvina Ramos Mamani 
Warisata 
Perder una hija

Es la madre de Marlene. La niña de ocho años se asomó a la ventana del dormitorio de su madre para ver los helicópteros que sobrevolaban Warisata. Era algo nuevo para ella. Recibió un balazo en el pecho y murió de inmediato. Fue una de las primeras víctimas. 

Sonia Espejo Villalobos 
El Alto
Vio morir a su esposo

El esposo de la señora Espejo Villalobos, Lucio Santos Gandarillas Ayala, fue asesinado el 12 de octubre de 2003. Lucio se desangró hasta morir después de haber recibido un disparo por parte de un oficial del Ejército. Esto sucedió en una de las calles de El Alto. 

Hernán Apaza Cutipa 
El Alto 
Perdió a su hermana

Perdió a su hermana Roxana Apaza Cutipa, de 19 años, el 12 de octubre de 2003, cuando recibió un disparo en la cabeza luego de asomarse a la terraza de su casa. Roxana era responsable, junto con Hernán, del cuidado de sus hermanos y hermanas menores.

Teófilo Baltazar Cerro 
El Alto 
Murió embarazada

Teófilo Baltazar Cerro perdió a su esposa, Teodosia Morales Mamani, el 12 de octubre de 2003. Teodosia tenía cinco meses de embarazo al momento de su muerte. Recibió un disparo mientras caminaban por la ciudad de El Alto. Teófilo nunca pudo rehacer su vida. 

Juana Valencia
El Alto 
Disparo en el pecho

El esposo de la señora Juana Valencia de Carvajal, Marcelino Carvajal Lucero, fue asesinado el 12 de octubre de 2003. Marcelino se encontraba dentro de su hogar cuando recibió disparos en el pecho, mientras intentaba cerrar la ventana. Se acercó a ver lo que pasaba. 

Hermógenes Bernabé
Apaña     
Murió en plena caminata

El padre de Hermógenes Bernabé Callizaya, Jacinto Bernabé Roque, fue asesinado el 13 de octubre de 2003. Jacinto recibió disparos por parte de los militares mientras caminaba por los cerros para visitar a uno de sus hijos. Esto sucedió en la zona sur de La Paz. 

GonzalO Mamani
Apaña 
Mientras sembraba

Gonzalo Mamani Aguilar perdió a su padre, Arturo Mamani Mamani, el 13 de octubre de 2003. Arturo murió a causa de las heridas de arma de fuego recibidas en la pierna por los efectivos militares, mientras trabajaba la siembra de papa de su familia.

Felicidad Huanca 
Ovejuyo
Su padre se fue

El padre de la señora Felicidad Huanca, Raúl Ramón Huanca Márquez, fue asesinado el 13 de octubre de 2003. Don Raúl recibió disparos mientras se arrastraba en el piso para evitar el tiroteo. Su hija vio cómo su padre intentaba luchar para salir del campo de tiro.