Escucha esta nota aquí

Uno de los conceptos que marcó la Revolución Nacional de 1952 y en general acompañó las revoluciones populistas de mediados del siglo pasado, fue el de la integración social. Una tarea pendiente en las sociedades latinoamericanas de aquella época, que debía ser cumplida como prioridad por los nacientes Estados-nación. Más de 60 años después, la tarea de la integración sigue en la agenda de nuestro país y, al parecer, está siendo  asumida muy en serio por el actual Gobierno. De alguna manera, los actos recientes en torno a la fase de alegatos ante La Haya por la demanda marítima han renovado esta necesidad de reconocimiento colectivo de un objetivo común, unificador de la nación boliviana. El desborde de sentimiento patriótico que el Gobierno ha irradiado con una serie de actos simbólicos, como la comitiva plural, el banderazo y la pasión cívica, buscan precisamente despertar un sentimiento nacional de identificación con una causa que trascienda las diferencias y una a los bolivianos.

Los déficits históricos, como la integración social, suelen mantenerse como fantasmas recurrentes que no abandonan las casas que algún día habitaron o soñaron habitar y, por tanto, tampoco dejan en paz a sus nuevos  residentes, aparecen una y otra vez recubiertos de diferentes vestiduras clamando por las promesas incumplidas. Quienes circunstancialmente ocupan los  espacios de poder y los visibilizan, echan mano de los anhelos de estos fantasmas para reponerlos en el escenario, darles voz y pintarlos de algún  color para articularlos a sus intereses políticos. En realidad, ambos son legítimos, es decir, por un lado, el de una sociedad que espera una ocasión para visibilizar sus carencias, y por  el otro, el de un Estado que utiliza con habilidad los elementos que le resultan funcionales para mantener  su legitimidad  y reproducirse en  el poder.

No obstante, es preciso introducir una lectura de contexto, es decir, del momento político en el que suceden los hechos, pues el excesivo y exacerbado discurso emanado por el Gobierno por la demanda marítima en un momento en que tambalea su imagen política, no puede sino ser interpretado como parte de su estrategia de recuperar la legitimidad y posicionamiento interno que han sido malogrados después de los conflictos de los últimos meses y de la extendida reacción social en rechazo a la insistente voluntad de prolongar el mandato presidencial mediante la repostulación, pese a las evidentes limitaciones constitucionales.

Aún más, tomando distancia de la coyuntura actual, una rápida recopilación de los discursos del poder desde el primer año de mandato y la comparación con los actuales, no puede sino sorprender a los espectadores puesto que mientras durante los primeros años el énfasis estaba puesto en la revolución moral y cultural, la primacía del sujeto indígena originario, la transformación social, el vivir bien con un contenido alternativo a las clásicas visiones desarrollistas, el socialismo comunitarista, con un cierto aire de desdén por las tareas de la revolución nacional; hoy han sido prácticamente olvidados y se ha dado primacía a la inclusión e integración social, a la unificación de los bolivianos detrás de las causas comunes. Los recursos simbólicos de unidad de una nación imaginada homogeneizadora e integradora, de pronto sepultan bajo una marea azul las distintas improntas de la realidad, postergando nuevamente las exigencias estructurales de la historia.