Escucha esta nota aquí

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, manifestó que, desde hace dos años, los casos de violencia sexual con muerte en poblaciones del Norte de La Paz se multiplicaron de manera “pavorosa”, convirtiendo esa región en una de las más peligrosas en el país para la vida y la integridad de las niñas.

Reclamó la actitud de completo desinterés e insensibilidad de las autoridades nacionales y locales para enfrentarla. Instó al Ministerio de Justicia a asumir políticas nacionales, y a las gobernaciones y municipios, a fortalecer las áreas responsables.

“El Norte de La Paz, los municipios de Santa Cruz, Cochabamba y El Alto, además de zonas como el sur de Tarija, son áreas que más casos registran y más allá de algunas señales de preocupación en Santa Cruz, no vemos indicios que nos muestren que las autoridades hayan asumido ninguna acción sobre este tema”, dijo la autoridad.

En las últimas horas se reportó que una niña fue violada y asesinada en Chulumani, sumado a otras decenas que se denunciaron en Bolivia en los últimos meses, en los que se identifican tres patrones comunes: las víctimas son niñas menores, los criminales generalmente son familiares cercanos y las violaciones están acompañadas de tortura o muerte.

“El año pasado identificamos 73 casos de infanticidios y en lo que va de esta gestión, casi alcanzamos los 30. Estimamos que cada día ocurren alrededor de 16 casos de abuso sexual; en la mayoría, la impunidad es la principal variable y la inacción de las autoridades resulta vergonzosa”, agregó.

¿Quiénes son más vulnerables?

Según la Defensoría, las niñas entre 5 y 14 años se encuentran en una situación particularmente grave en Bolivia, especialmente en el tema de la violencia sexual que la sufren en sus casas, en sus escuelas, calles, barrios y prácticamente en todos los espacios de su vida.

"Una forma de vida en la que muchas veces los padres, hermanos o familiares la perpetra, las madres la ejercen, la socapan o la justifican y la sociedad las tolera”, dijo Villena y recordó que la protección incluso llega al poder Legislativo, como en el caso que involucra al diputado Jacinto Vega, acusado de presunta violación.