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El referéndum del 21 de febrero de 2016, que negó la pretensión de Evo Morales de volver a ser candidato a la Presidencia en 2019, marcó el principio del fin del ciclo político de la ‘democracia corporativista’, iniciado en octubre de 2003 con la salida del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y que, históricamente, reemplazó a la ‘democracia pactada’ del neoliberalismo.

Este ciclo, cuya base social y política fueron los movimientos sociales, generó grandes transformaciones que no se habían producido en el país desde la Revolución de 1952, de la que precisamente tomó los principios de nacionalismo, nacionalización, redistribución, revolución productiva, economía estatista, poder popular y alianza de clases, aunque los bautizó con otros nombres.  El ‘proceso de cambio’ se caracterizó por la hegemonía política, la cohesión social y, sobre todo, el crecimiento económico, producto de la subida de los precios internacionales del gas y de los minerales.

La debacle de los partidos tradicionales y la emergencia de los movimientos sociales habían generado las condiciones objetivas y subjetivas para implementar cambios estructurales que pudieron haberse hecho por consenso y sin conflictos, ya que Evo Morales tenía el 64% del voto y el 75% de apoyo; por 10 años tuvo dos tercios de la Asamblea Legislativa, con lo que impuso leyes y autoridades de todas las instituciones y órganos del Estado. Controló el 90% de las alcaldías, tuvo total apoyo internacional y gobernó prácticamente sin oposición.

Pero el MAS carecía de una propuesta ideológica consistente y más allá de recuperar las reivindicaciones de la Revolución del 52 y ensayar eslóganes como “la revolución democrática y cultural”, “el vivir bien” o “el capitalismo andino”, nunca tuvo la capacidad de construir una respuesta ideológica para el momento histórico que le tocó liderar.

Confundió su rol y reemplazó la ideología por la acción política, apelando a la propaganda, la cooptación de las organizaciones sociales, la desinstitucionalización del Estado y la implementación de un modelo de gestión gubernamental que privilegió el culto al caudillo, debilitando hasta el límite la meritocracia, la transparencia y la eficiencia.

Después de 12 años de gobierno, es evidente que las condiciones que lo encumbraron ya no existen.  La absoluta mayoría con que contaba ha quedado reducida a los funcionarios públicos; grupos corporativos amalgamados tras intereses económicos y algunos sectores populares que, en total, suman el 22% de la población. La economía se está contrayendo; Bolivia sigue siendo el país más pobre de Sudamérica, ocupamos los últimos puestos en calidad institucional y nos mantenemos como el tercer país más corrupto de la región.

Para sobrevivir, el MAS se atrinchera tras las instituciones que aún controla, porque destruyó su vínculo con el pueblo y convirtió a las organizaciones sociales en comandos oficialistas. Incluso, para imponer la repostulación de Morales, se ha ‘inconstitucionalizado’ la Constitución, un hecho inédito en el mundo.

Pero el mayor problema es que, en su intento de extender un proceso ya agotado, está rompiendo las bases del sistema democrático, recurriendo al control y distorsión de las instituciones e intentando construir un gobierno con legalidad, pero sin legitimidad, tal como lo hicieron Paz Estenssoro en 1964 y Sánchez de Lozada en 2002.

El escenario actual coloca a Bolivia frente a la necesidad de construir un espacio de transición social y política, a través del consenso, que frene las tentaciones de volver al pasado, que recupere los avances logrados, pero sobre todo que evite una crisis social que nos pueda llevar a una dictadura abierta como en Venezuela, o a enfrentamientos violentos como en octubre de 2003.

Esa es la gran responsabilidad que tiene la sociedad civil y política para el 2020, cuando acabe el mandato legal de Morales. Por eso, la agenda electoral no nos puede hacer perder de vista que no solamente se trata de impedir que la Constitución sea vulnerada, sino de diseñar las bases del nuevo ciclo político, que se construya sobre principios de derechos humanos, democracia, transparencia y respeto a la Constitución y la ley.