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Juan Lanchipa, exfuncionario de Gobierno que trabajó como director de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) y actualmente es presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fue elegido fiscal general del Estado tras una accidentada sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la que el oficialismo tuvo que recurrir a dos votaciones para alcanzar los dos tercios necesarios para la definición, lo que según la oposición desveló pugnas internas dentro del MAS.

El senador opositor Oscar Ortiz declaró a este medio que el hecho de que el MAS, pese a sus dos tercios, no hubiese logrado reunirlos para definir el tema en una sola ronda de votación muestra que hay “una señal de disconformidad de varios parlamentarios del oficialismo, que no están de acuerdo con la imposición del señor Lanchipa, que todos relacionan como el apadrinado por el ministro de Justicia, Héctor Arce”.

En el ámbito de la oposición, se habla incluso de una relación familiar entre la autoridad electa y el ministro Arce. “Eso no lo puedo asegurar, pero de hecho se lo considera una persona muy cercana al ministro y obviamente eso se ha expresado en votos de los mismos masistas por otras opciones, lo que ha complicado al MAS, cuando tienen los dos tercios en exceso”.

Tras la sesión, un periodista preguntó sobre esta situación a la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, y ella respondió textualmente: “Si usted tiene alguna prueba de ello, tiene todo el derecho de mostrarla en su medio de comunicación. Nosotros no compartimos esa visión, también podría señalarse, que teniendo 110 personas presentes en sala del MAS, ¿Cómo es que se obtienen 116 votos?, hay seis votos más de oposición que apoyaron al señor Lanchipa y yo sí tengo pruebas para señalar eso porque fue absolutamente pública la sesión de Asamblea y no conozco ninguna prueba de lo que usted acaba de aseverar”.

En la primera vuelta, pese a que obtuvo la mayoría de los sufragios, Lanchipa alcanzó 103 votos y no los 105 requeridos para convertirse en el nuevo mandamás del Ministerio Público. El presidente del Senado, Milton Barón, tuvo que decretar un cuarto intermedio de media hora en sala, para reordenar las fichas y asegurarse de que los asambleístas azules acaten la decisión de elegir a Lanchipa de la lista de los mejor calificados.

Barón y Gabriela Montaño se retiraron rápidamente al despacho de ella para solucionar la situación. Por los corredores se veían rostros de preocupación de los oficialistas, mientras que los asambleístas de Unidad Demócrata se reunieron en torno de una mesa, y saborearon no solamente la pizza que compartieron en ese momento entre risas y bromas respecto a lo que había sucedido.

Luego de que la votación se realizó por segunda vez, Lanchipa se convirtió en el nuevo fiscal general del Estado con 116 votos de 152 requeridos. El jurista ocupará el cargo en lugar de Ramiro Guerrero desde fines de este mes.

La Asamblea se tomó casi seis horas para un debate en el que diputados y senadores se dijeron de todo. Durante el conteo de votos, la oposición gritó: “¡Lanchipa pierde la demanda y gana la Fiscalía!” Le recordaban su paso profesional por el Ejecutivo, que hace pocos meses estaba a cargo de Diremar y lo apuntaban como uno de los responsables de la demanda marítima. También gritaban el nombre del ministro de Justicia.

Lanchipa obtuvo uno de los puntajes más alto durante la evaluación que realizó la comisión mixta de Justicia Plural, con 79,36. En segundo lugar había quedado Mirael Salguero (79,41). El nuevo fiscal general es abogado con 27 años de trayectoria, obtuvo la maestría en derecho constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue juez entre 1997 al 2007 y vocal del Tribunal Departamental de La Paz entre 2007 y 2010. Ahora sustituirá a Mario Guerrero.


JUAN LANCHIPA / FISCAL GENERAL ELECTO

“Lo primero es recuperar la confianza”
 

Diez minutos después de su elección, el fiscal general electo, Juan Lanchipa conversó con EL DEBER en exclusiva.

__ ¿Qué opina usted sobre su elección, y cómo se siente?

Primero que es una grata noticia, me siento muy feliz, orgulloso de esta designación. Señalar que el Ministerio Público es defensor de los intereses generales de la sociedad porque involucra tanto a los derechos de las víctimas y de los imputados. Es su deber garantizar a plenitud el debido proceso y la presunción de inocencia. Nosotros en el ejercicio de la judicatura siempre hemos pregonado esos valores fundamentales que garantizan los derechos y libertades de las personas.

Ahora se nos da la oportunidad de estar al frente del Ministerio Público como garantes de la legalidad, porque implica que en nuestro proceder debemos estar sometidos solamente a la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, las leyes.

También es un reto muy grande, un momento en el que debemos pensar en hacer un verdadero y serio análisis de cómo fue la gestión hasta el momento, ver a partir de los resultados que tiene la carga fiscal, de hacer un replanteamiento del sistema, del modelo de gestión fiscal, para ver que el accionar del Ministerio Público esté gobernado sobre todo por el principio fundamental de objetividad, el cual obliga a obtener no solamente los elementos probatorios para ejercer la acción penal pública, sino para también permitir eximir, reducir o atenuar la responsabilidad de los imputados. __ Recibe un Ministerio Público que tiene muy mala imagen, más después del caso de Jhiery Fernández, donde se habría encarcelado a un inocente, ¿qué hará ante eso?

Lo primero es hacer un diagnóstico de los resultados. Eso lo sabremos a través de un informe que pediremos, y será nuestra línea base para levantar nosotros una propuesta concreta, sobre dónde debemos hacer ajustes. Naturalmente lo primero es la institucionalidad, recuperar la confianza, la certeza de la principal institución de defensa de la sociedad. __ ¿Y cómo revertir la judicialización de la política?

Ya no puedo conversar más con usted, recibo muchas llamadas en este momento prometo separar un espacio para dialogar más en profundidad con EL DEBER.