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Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social, anunció que los camiones cisternas que transportan líquidos serán sometidos a revisiones con escáneres de la Aduana Nacional de Bolivia en presencia de agentes de sustancias controladas a fin de evitar el tráfico de droga en los vehículos que importan combustible por cuatro pasos fronterizos.

Las declaraciones fueron vertidas este lunes tras el convenio de cooperación mutua que firmó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.

“Este convenio refleja que la lucha contra las drogas es una política de Estado, vamos a coadyuvar junto a la Aduana y en presencia de agentes antidrogas se van a escanear los carros cisternas que traen combustible de países vecinos. Yacimientos nos proporcionará toda la información necesaria de todas las empresas con las que contrato y evitar el tráfico de drogas”, señaló Cáceres.

Guillermo Achá, presidente de YPFB, confirmó que la estatal petrolera rescindirá contratos con las empresas que sean sorprendidas traficando sustancia controladas en los camiones. Dijo que actualmente ingresan cisternas por Desaguadero, por Tambo Quemado, por Pocitos Yacuiba y Puerto Suárez.

“La cantidad de cisternas que nosotros manejamos a escala nacional son 550 en tránsito, por eso es importante establecer medidas de control con el escáner de la Aduana. Las empresas ya están puestas al tanto y desde esta semana se implementa este mecanismo de control”, señaló Achá.

Operativos antidroga

Cáceres adelantó que a la fecha se han secuestrado 89 tracto camiones con sus chatas, dijo que estas serán sometidas a narcotest. Además se tienen secuestradas 29 chatas, y se han intervenido 5 domicilios en Santa Cruz y en La Paz. “Estos casos están en manos del Ministerio Público y ya se ha asignado un fiscal antinarcóticos en Santa Cruz”, concluyó la autoridad.

Narcocisternas 

Hace una semana, YPFB rompió contrato con las empresas Creta y Vartra-Boliq. La interrupción del acuerdo fue definida debido a su supuesta participación en actividades ilícitas en territorio argentino. La denuncia de transporte de droga fue conocida por la justicia de ese país y reforzada por el diputado de la oposición Tomás Monasterio.

Monasterio denunció que una empresa de transporte contratada por la estatal petrolera fue encontrada con droga en Argentina, en varias ocasiones, y su propietario, incluso habría sido detenido en el marco de una investigación.