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No es un buen momento para los opositores en Beni. Al exgobernador Carmelo Lens, que lleva casi dos meses encarcelado en Mocoví, le suspendieron tres veces la audiencia de acción de libertad que solicitó; el domingo apresaron a dos de sus colaboradores, el exsecretario de Obras Públicas Mauricio Calvo, y el exdirector Juan Carlos Rivero. Ahora la Fiscalía pide la detención preventiva del líder demócrata Ernesto Suárez, según confirmó él, al decir que fue citado a declarar el 15 de septiembre.

“Hay una cacería de brujas en el departamento. Hay una tramoya entre el Ministerio Público, el ‘trucho’ y el Gobierno para detener a todos”, sostuvo Suárez ayer, en rueda de prensa en Santa Cruz, adonde asistió a una reunión interna del Movimiento Demócrata Social (MDS).

Calvo y Rivero fueron enviados a Mocoví. A los dos últimos los acusa la administración del gobernador masista de Beni, Álex Ferrier, a través de la Secretaría de Transparencia. Se presume que incurrieron en irregularidades en la compra de tres ambarcaciones por un valor de Bs 446 millones.

El fiscal departamental de Beni, Alejandro Ilich Cruz, negó la injerencia gubernamental en el caso y aseguró que el procedimiento del Ministerio Público se enmarca en lo que dice la norma. “Tenemos una denuncia de la Unidad de Transparencia de la Gobernación. En virtud de los elementos recabados, hemos procedido”, argumentó Cruz, que dice que los indicios contra Calvo y Rivero fueron obtenidos de sus propias declaraciones.

Una tercera excolaborada de Lens, Rosa Samia Hany Melgar, fue imputada, pero recibió medidas sustitutivas a la cárcel.

El anuncio de Ernesto
“A mí me tienen una audiencia de medidas cautelares programada para el 15 de septiembre y seguramente van a intentarlo. El Ministerio Público requirió mi detención preventiva en el penal de Mocoví”, anunció el líder opositor, que ayer por la tarde estaba en Santa Cruz.

Por su parte, el secretario de Transparecia de la Gobernación, Mauro Hurtado, acusa a Calvo, Rivero y Hany de haber cometido irregularidades en la compra de tres pontones en octubre de 2014, con el justificativo de no tener cómo rescatar el ganado durante las épocas de inundaciones