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El presidente Evo Morales anunció ‘mano dura’ contra los contrabandistas después del asesinato de funcionarios públicos que apoyaban el decomiso de vehículos ingresados ilegalmente a Bolivia por la frontera con Chile. Mano dura, más armas, endurecimiento de las penas por estos delitos.

Sin embargo, poco o nada se dice de la demanda de los llamados ‘chutos’ que los pobladores contemplan cotidianamente en zonas rojas como Challapata en el este del departamento de Oruro y, sobre todo, en las zonas productoras de coca.

En Chapare habría que indagar quiénes compran estos autos, con qué dinero, quiénes son los intermediarios, cómo llegan desde Sabaya hasta la selva. El corazón estratégico en la geopolítica continental es un rostro sin ley.

En Yungas paceños también proliferan los cocales, no solo en las zonas tradicionales de Coripata o en La Asunta o en los sembradíos pequeños que tenían las familias, sino en los cerros, en los antiguos espacios forestales, en las viejas huertas frutales.

En Yanacachi, en Chulumani, Puente Villa, en las comunidades y pequeños poblados no se consiguen naranjas o limas; por ahí asoma alguna plantación de café, y caen plátanos podridos, crecidos sin prevención de plagas. Las plazas están invadidas por gremiales que venden todo tipo de plásticos. Los locales de comida carecen de control sanitario y pululan enjambres de moscas y mosquitos en los recorridos.
 Impresiona en todas las zonas cocaleras la cantidad de vehículos chutos. Si Chapare ya es un espacio capturado por los grupos del para-poder y sin presencia estatal, sud Yungas está en el mismo peligro. La Policía, los agentes de tránsito, y también los fiscales, contemplan impotentes cómo el más fuerte impone sus deseos.
Un turista puede demorar hasta una hora en ingresar al centro del pueblo de Chulumani porque hay chutos en todos los rincones, estacionados al gusto del cliente, con frecuencia con gente ebria en su interior. Los viejos vecinos ya ni se quejan, ‘así nomás es’; mientras los desperdicios cubren el trayecto y los olores alejan toda gana de disfrutar lo que fue un refugio para nuestros abuelos.
Llama la atención la falta de normativa en las gasolineras; de hecho, hay más de una construida a medias como tantas obras de esta década. Los vehículos legales no encuentran combustible un lunes en la mañana porque los chuteros cargaron todo el fin de semana.

Desarrollo salvaje
Hace algunos años, organizaciones no gubernamentales con respaldo del Gobierno central intentaron mejorar las condiciones de la vida cotidiana en Yungas, la zona que está en el imaginario paceño como proveedora de cítricos, café, té y de paisajes paradisiacos. 
  Hasta los años 80, la coca era un producto más. La represión desmedida -que terminó con el linchamiento de policías en Chulumani-, las vejaciones a productores de coca y a sus esposas y familias -la ineficaz política de sustitución de plantaciones y otros intentos, han dejado a la zona más afectada. Actualmente se murmura del crecimiento de plantaciones de marihuana, invadiendo inclusive haciendas privadas.
Los antiguos vecinos, los más letrados, han partido a otros destinos. Los más débiles ven cómo otros toman sus tierras, sus caseríos. ¿Hacia dónde va ese modo de vida?
En los indicadores de Desarrollo Humano, de Salud, de Educación, no aparecen mejoras visibles. En cambio, los poblados han perdido su placidez, su opción de ser grandes ofertas turísticas como han logrado otros pueblos, como Toro Toro o Curahuara de Carangas.            
Una falsa idea de la acumulación inmediata, del goce diario sin pensar en el futuro, del consumismo como idea de progreso, y de hacer lo que se quiere sin respetar la norma- siguiendo el ejemplo de las máximas autoridades- está hipotecando el futuro de Yungas. 

Nadie investiga

Es prohibido parquear un vehículo chuto en la plaza central de Coroico y la intendenta, una decidida afroyungueña, toca su pito de advertencia si alguien se atreve a ingresar con una vagoneta indocumentada. No puede hacer nada más, no es su función investigar el origen de los vehículos. Solo quiere que en su pueblo se vea más orden.

En cambio, en otra capital, la de sud Yungas, Chulumani, hay ocho o nueve chutos por uno con placa, cuya legalidad tampoco es segura porque entre los conductores se prestan esos latones que sacan y ponen sin dificultad. Es una máscara para poder salir a la ciudad; en los caminos vecinales nadie controla.

Una profesora maneja su vagoneta chuta aunque es consciente de que es algo ilegal y que es un mal ejemplo. Cuenta que la compró en $us 2.000 en frontera y que el mediador la trajo desde Pisiga, pagando en la tranca de Koani en la carretera Oruro- La Paz $us 200. Después la ingresó por Quime, dando algunos pesos en las trancas interprovinciales, Inquisivi, por Cajuata, Irupana y Chulumani.

La mayoría de los vehículos llegan hasta Caranavi y al norte paceño, y a otros poblados benianos. Hay como ‘un acuerdo’ de manejar ahí sin legalidad y con un ‘compromiso’ de no salir de la zona.

Es difícil de entender por qué el Estado Plurinacional convive con esas expresiones que no solo le restan ingresos económicos, sino que son la fachada de otros negocios más oscuros.

En Chulumani prefieren no hablar mucho, ni los policías, y no está abierta la Fiscalía. ¿Qué hace la Autoridad de Hidrocarburos? ¿Quiénes son los dueños de las gasolineras? Lo único cierto es que los sábados, las canchas de pasto sintético financiadas por el Ministerio de la Presidencia y por el programa Evo cumple están llenas de autos chutos. ¿Alguna autoridad pondrá el cascabel al gato?

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