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El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió  la Sentencia Constitucional 0084/2017 del 28 de noviembre de 2017, resolviendo que: 1) De acuerdo a lo dispuesto por el art. 256 de la norma suprema, declarar la aplicación preferente del art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – CADH- por ser la norma más favorable en relación a los derechos políticos, sobre los arts. 156, 168, 285.II y 286 de la Constitución Política del Estado, en las frases: “Por una sola vez de manera continua” de los arts. 156 y 168 y “de manera continua por una sola vez” de los arts. 285.II y 288, conforme a los fundamentos jurídicos constitucionales expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2) Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 52.III en la expresión “por una sola vez de manera continua”; 64 inc. d), 65 inc. b), 71, inc. c) y 72 inc. b) en el enunciado “de manera continua por una sola vez” de la Ley Electoral, Ley 026.


Como vemos, si bien el Tribunal Constitucional Plurinacional sí declaró expresamente la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la Ley Electoral, no lo hizo respecto a los mencionados artículos de la Constitución; consiguientemente, por mandato constitucional vigente y que prohíbe la reelección de todo aquel funcionario público que haya cumplido dos periodos, estos no podrán habilitarse a candidatear en las próximas elecciones.


Adviértase que el Tribunal Constitucional Plurinacional tampoco declaró la inconstitucionalidad o en su defecto, la nulidad del referéndum del 25 de enero de 2009 que aprobó la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009; ni del referéndum del 21 de febrero de 2016 que negó de la nulidad del art. 168 de la Constitución. 


Que el Tribunal Constitucional Plurinacional haya declarado la aplicación preferente del art. 23  de la Carta Americana de Derechos Humanos, sobre los arts. 156, 168, 285.II y 286 de la Constitución Política del Estado, y no la inconstitucionalidad de los mismos, solo puede entenderse como una sugerencia y no como una mandato imperativo de inaplicabilidad de estos. 


Así y ya que ninguna norma constitucional fue anulada, no es posible declarar la inconstitucionalidad de los mencionados artículos de la Ley Electoral. A pesar de esta incongruencia, cabera al Órgano Electoral, haciendo una obligatoria ponderación de las descritas normas constitucionales y del propio art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos  (que no alienta reelección indefinida de funcionarios públicos) dar el debido cumplimiento de tal prohibición constitucional de rereelección y rechazar eventuales candidaturas de todo aquel servidor público que a los corrientes hayan cumplido dos mandatos consecutivos. 


En caso de que el Órgano Electoral admitiera un candidato con dos mandatos consecutivos, se habrá  transgredido los artículos que prohíben la rereelección, por lo que cualquier ciudadano, sustentado en los arts. 205 al 212 del Régimen Electoral, podrá interponer la inhabilitación de la candidatura extrañada ante el Tribunal Supremo Electoral; ante la negativa, cabrá al ciudadano introducir una Acción de Amparo Constitucional ante el Tribunal Constitucional. No obstante y si el guardián de la Constitución negara dicha acción, el ciudadano recién se habilitaría a acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


 Concluyentemente, probamos fehacientemente que el Tribunal Constitucional Plurinacional al no pronunciarse en el fondo de la petición de la acción de inconstitucional; sino que hábilmente rechazó dicha acción trasladando mediante una ‘sugerencia’ de “aplicación preferente del art. 23 Convención Americana de Derechos Humanos, la problemática de cualquier re reelección al Órgano Electoral.