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La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, junto a la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, posesionaron a Larissa Fuentes como nueva directora en calidad de interventora del Fondo Indígena

Marco Antonio Aramayo fue destituido como director ejecutivo de esa instancia estatal y el Gobierno se suma a la parte denunciante en el proceso iniciado por el desfalco de 71 millones de bolivianos destinados a 153 proyectos. 

La ministra Achacollo no respondió las preguntas de los medios de comunicación y se limitó a señalar que el Gobierno solicitó a Contraloría la auditoria de los recursos del Fondo y garantizó que se sancionará a todos los implicados en los malos manejos. 

"Nos constituimos en parte denunciante", afirmó la autoridad y sostuvo que cumplirá el Decreto Supremo 28571, que permitió la creación del Fondo Indígena en diciembre de 2005, tras la negativa que recibió de las organizaciones sociales cuando se presentó una propuesta para que el Ejecutivo se haga cargo de los dineros. 

Junto con la interventora, también se suman al equipo técnico de esa instancia cuatro auditores, un ingeniero y cinco abogados, quiénes elaborarán un informe sobre las deficiencias que existen en el seguimiento a los proyectos.  

Al respecto, Valdivia dijo que "la tarea de la interventora será transparentar el manejo de los recursos canalizados y la prosecución de las acciones judiciales que correspondan contra los presuntos responsables a efectos de que puedan rendir cuentas". 

Mientras que el ministro de Defensa, Jorge Ledezma, al salir de la reunión de Gabinete, sostuvo que "son imperdonables los hechos de corrupción", aunque provengan del propio Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Este Gobierno ha mostrado mucha claridad al respecto, caiga quién caiga, duela a quién le duela, se va a procesar a todos los implicados y es responsabilidad ya de Transparencia para que haga seguimiento a estas denuncias", manifestó en Palacio de Gobierno.

Los denunciados:

La exministra de Desarrollo Productivo y Tierras, Nemesia Achacollo presidió el Fondo y los proyectos fueron aprobados conjuntamente con representantes de la Csutcb, Bartolina Sisa, Conamaq, la APG, Cepem-B y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz.

La Contraloría sostuvo que con el informe se iniciaría un proceso penal por daño económico al Estado contra los directores ejecutivos que se hicieron cargo del Fondo Indígena, desde 2010 hasta la fecha: Elvira Parra, representante de las Bartolinas; Daniel Zapata, representante de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y contra el actual director, Marco Antonio Aramayo, de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).