Escucha esta nota aquí

La regulación jurídica de la responsabilidad del profesional debe abordarse desde diferentes perspectivas legales, máxime si es necesario acudir al derecho penal como última ratio, es decir, que no toda conducta (acción u omisión del profesional) constituye por sí mismo ilícito penal o que debe ser merecedora de reproche penal; es menester utilizar mecanismos distintos a la criminalización como medios idóneos de sanción jurídica. Estos medios perfectamente pueden ser el derecho civil, esto es, responsabilidad por daños (sea doloso o culposo en el orden civil) o la responsabilidad administrativa, de la mano del derecho administrativo. Pretender establecer la mala praxis profesional como ilícito penal de la forma como se encuentra redactado el art. 205 en el Código del Sistema Penal constituye un retroceso para el Estado Constitucional de Derecho, las libertades, la seguridad jurídica y, esencialmente, para el ejercicio de la profesión. 

Existe una deficiente técnica legislativa del proyectista que va desde la ubicación sistemática del ilícito penal en cuanto a los bienes jurídicos que pretende tutelar penalmente hasta la redacción concreta del tipo penal. La manera como se encuentra tipificado conlleva a una criminalización de la mala praxis médica, puesto que ella se encuentra vinculada directamente al área de la medicina, la salud y la integridad física. 

El tipo penal en cuestión contiene conceptos indeterminados de valoración eminentemente subjetiva que pueden conllevar en la práctica al uso abusivo de acciones penales y a la persecución contra el ejercicio de la actividad profesional; por ejemplo, la utilización de conceptos o elementos indeterminados como “daño a la salud” o “integridad física” no tienen límite objetivo y razonable alguno que no sea la propia valoración subjetiva del juzgador, lo que sería inconstitucional, ya que vulnera el principio de certeza, taxatividad y determinación de las normas penales y el principio de seguridad jurídica. 

El concepto “daño a la salud” es tan amplio que puede ser todo. Por ejemplo: un simple hematoma o un furúnculo (conocido vulgarmente como puchichi), pudiendo esto inclusive causar responsabilidad. Por ello, esta normativa debería trabajar con los tipos penales culposos o imprudentes (la experiencia de otros países lo acreditan); se debería recurrir a tipificaciones como lesiones culposas, gravísimas, graves y leves; y no así usar criterios indeterminados como los antes expuestos. De esa manera, no se estaría buscando impunidad ni criminalizándolo todo.
La sanción de suspensión de la licencia médica es hasta por un máximo de diez años, situación extrema que implicaría casi una muerte civil, dado que es prohibir ejercer la profesión, lo cual en los hechos es algo similar a quitarles el título temporalmente, aunque algunos pretendan negarlo. En lo concerniente al embargo de bienes, es importante entender que no solo es el art. 205, sino que también aplica la parte general, que determina las sanciones penales a toda infracción; dentro de ellas se encuentra el decomiso, es decir, la confiscación de bienes de propiedad del infractor.

Cabe mencionar que es totalmente falso que la actual normativa penal (Ley Nº 1768) “de cajón” lleva al médico a que se le aplique el delito de homicidio culposo, puesto que dicho delito no es exclusivo para los médicos o profesionales. Ahora, si en la práctica es mal usado este delito no es por problemas del actual código penal, sino de la pésima aplicación del mismo, por lo cual más bien debería atribuirse responsabilidad funcionaria a los operadores y administradores de justicia. En cuanto a la supuesta novedad que trae el artículo en cuestión sobre la “exención de responsabilidad al médico por falta de previsibilidad o de equipos”, resulta que esto ya está previsto en la actual ley penal y en el código de procedimiento penal, dado que son condiciones básicas de imputación penal objetiva. Por ende, colocarlo en el art. 205 tan solo es una redundancia utilizada únicamente para discurso político. 

Es lamentable que se diga que este código del sistema penal fue ampliamente socializado, cuando resulta que la ciudadanía aún sigue sin conocerlo y muchos profesionales aún no saben cuál es la versión final; incluso en el portal web, por mucho tiempo, solo aparecían versiones atrasadas del mismo. 

Para finalizar, es de suma importancia entender que de nada servirá tener una serie de ilícitos penales cuando la normativa del procedimiento penal (que también incluye este código del sistema penal boliviano) tenga fachada de sistema acusatorio, pero adolezca de determinados tintes inquisitivos, como la no existencia de plazos procesales en la fase de la averiguación preliminar, dejando aquello al total arbitrio del Ministerio Público, o cuando los peligros de fuga u obstaculización a la averiguación de la verdad carezcan de parámetros interpretativos para la aplicación de medidas cautelares personales. Si realmente se desea alcanzar la justicia material, no es laxando o pisoteando la justicia formal, tampoco atropellando ni vulnerando derechos o garantías de las personas.