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En días pasados conocimos un desafortunado choque de palabras entre la Fiscalía y la Policía, por el que se imputaron mal desempeño en el arresto de tres ciudadanos. Tal situación dejó entrever una indebida presión y desafortunada acometida entre ambas instituciones, demostrando, una vez más, la falta de institucionalidad.

El hecho en cuestión da cuenta de un ‘informe de acción directa’ que prueba que la Policía comunicó a la Fiscalía que en un patrullaje de rutina divisaron un motorizado “de forma sospechosa”, que se le hizo el “respectivo control”, que el chofer “no supo explicar”, que se “encontraba nervioso”, “motivo” por el cual se lo arrestó y se le hizo una “entrevista” en la que manifestó haber participado en diferentes hechos delictivos, como el ocurrido dentro de un condominio con otras dos personas de donde sustrajeron dinero, joyas y otros objetos de valor. Seguidamente arrestaron a los otros dos en un inmueble y en una universidad, y los condujeron a todos hasta celdas de la Felcc.

Al respecto, la Fiscalía se pronunció fundamentando que la Policía incurrió en ilegalidad por constreñir derechos y garantías constitucionales al arrestar y tomar declaraciones informativas a los ciudadanos sin la presencia del fiscal ni de su abogado. Asimismo, advirtió sobre la carencia de indicios probatorios de la participación de los sindicados en el hecho investigado, por lo que requirió el cese de arresto y los citó a declarar, esta vez acompañados de sus abogados, así como determinó que sean evaluados por el médico forense y que se informe al juez de turno.

Posteriormente, y ante las manifestaciones de las autoridades jerárquicas de la Fiscalía, de la Policía y del Gobierno, además del pronunciamiento de la población en las redes sociales, los uniformados criticaron duramente a los fiscales por liberar a los investigados, que arguyeron el respeto de derechos y garantías constitucionales (extremo que no se daría con reos de escasos recursos económicos). Ante este ‘fuego amigo’, la Fiscalía se vio presionada a volver sobre sus pasos, librando órdenes de aprehensión contra los acusados, que fueron presentados ante el juez, quien ordenó su detención en Palmasola.  

El hecho endilgado a los procesados causa irritación en la población y debe ser investigado a profundidad para que en su caso sea sometido a juicio y se determine lo que corresponde en ley. Sin embargo, y debido a que todo Tribunal de Justicia para emitir condena exige que la Policía y la Fiscalía protejan los derechos y garantías constitucionales de los encausados en sus indagaciones, como tener un abogado defensor y la presencia de la Fiscalía en sus declaraciones. De no ser así, se corre el riesgo de que se anulen las investigaciones, truncando a las víctimas y al pueblo de sus anheladas expectativas de justicia.