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El directorio de las Aldeas Padre Alfredo tiene como objetivo la reformulación de la Ley 548 (Código Niño, Niña y Adolescente) para insertar una enmienda que establezca que orfanatos con la infraestructura adecuada y un proyecto de vida para huérfanos, como considera al suyo, funcionen sin restricciones.

En Santa Cruz funcionan más de 70 orfanatos, la mayoría administrados por organizaciones religiosas. Todos han sido designados centros de acogida transitoria por la Ley 548, puesto que los niños y adolescentes, entre otras prerrogativas, tienen derecho a la vida y a una familia, según la norma vigente.

Los preceptos de la citada ley se contraponen a la aspiración de las Aldeas Padre Alfredo, por lo que alista dicha enmienda para llevarla a la Asamblea Legislativa.

“Las leyes son dinámicas, no son estáticas. Presentaremos un proyecto para modificar ese punto; el diputado Benigno Vargas nos apoyará, porque las aldeas cuentan con infraestructura propia y con las condiciones para funcionar”, dijo Caiguara. Rosy Valencia, directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ve difícil un cambio en la Ley 548 porque Bolivia la aprobó observando convenios internacionales que respetan los derechos de los niños y niñas.

Pugnas y procesos
Los procesos de adopción de algunos menores generaron un duelo entre directivos del hogar y Shirley Becerra, titular del Juzgado Segundo de Partido de la Niñez y Adolescencia, que fue acusada de abuso de autoridad en la entrega de niños en guarda supuestamente incumpliendo los procedimientos.

La jueza negó tales irregularidades y denunció que en dicho recinto hay maltrato a los internos, al punto que una niña murió aquejada de meningitis.

El conflicto se extendió porque Caiguara acusó de confabulación a la Gobernación, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y a la Defensoría del Pueblo, y exigió públicamente un informe sobre el paradero de 55 niños presuntamente dados en adopción en tres años.

El orfanato cree tener todo en contra, pues la solicitud de una auditoría técnica sobre los 55 chicos ‘desaparecidos’ no ha prosperado ante la Asamblea Legislativa ni los ministerios de Justicia y de Transparencia.

“Nunca nos van a perdonar el haber cuestionado dónde están los 55 niños. Hemos denunciado a escala nacional, departamental y municipal, y ninguno de estos niveles nos ha dado un informe.

Más bien nos han abierto dos procesos penales por el accidente de tránsito de una niña, que ellos exageraron, y por la muerte de la niña Yésica Mitma, que falleció por enfermedad. Nos sentimos perseguidos desde hace seis meses por la justicia”, dijo Caiguara