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El sofisticado mecanismo delictivo que durante una década funcionó dentro de la emblemática Petrobras comenzará a revelar su trama política con el pedido de investigaciones que realizó el fiscal general de Brasil a la Corte Suprema, órgano que autorizó a indagar a 49 funcionarios públicos involucrados en la maniobra que causó daño por más de $us 4.000 millones entre 2004 y 2014.

Entender cómo se desviaron miles de millones de dólares mediante la manipulación de licitaciones, e identificar a los responsables en una larga lista de encumbrados empresarios, directivos de la estatal y políticos es un largo camino que la Procuraduría empezó a desandar a partir de las confesiones de algunos implicados a cambio de reducciones en sus condenas.

De hecho, la investigación que busca desarticular el nido de corrupción que se enquistó en la estatal Petrobras en Brasil generó detenciones, procedimientos secretos y hasta delaciones premiadas, de una escala sin precedentes en la historia del país.

La Corte Suprema de Justicia de Brasil autorizó ayer la apertura de investigaciones públicas sobre 12 senadores y 22 diputados, en una decisión que profundiza el proceso y que podría condenar a legisladores y funcionarios.

Algunos de los números oficiales de la causa dan cuenta de la magnitud de la red criminal de la llamada "Operación Lava Jato" (lavadero de autos).

Según las autoridades, directivos de Petrobras, empresas contratistas y especialistas en lavar dinero montaron un sistema para amañar licitaciones, pagar sobreprecios y desviar fondos millonarios, en muchos casos al extranjero.

La Fiscalía General pidió un resarcimiento de más de 1.500 millones de dólares por enriquecimiento ilícito de varias compañías, que contempla indemnización por daños a la petrolera, además de una reparación económica al Estado y multas. Las empresas presentaban presupuestos sobredimensionados para ganar las licitaciones en las obras de la petrolera Petrobras