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El empresario prófugo peruano Martín Belaunde Lossio, exasesor del presidente de ese país, Ollanta Humala, y acusado de supuesta corrupción en su país, no se presentó este lunes a declarar en la oficina del Consejo Nacional del Refugiado (Conare) en La Paz.

Su inasistencia frustró la expectativa de unos veinte medios peruanos y bolivianos reunidos a las puertas de esa oficina, custodiada por un policía, donde supuestamente Belaunde iba a presentar la petición de refugio que realizó el mes pasado.

Belaunde Lossio anticipó hace unos días en su cuenta de la red Twitter que este lunes diría "su verdad" ante las autoridades bolivianas, por lo que la prensa interpretó que el empresario se presentaría ante el Conare.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Bolivia, del que depende el Conare, no confirmó esa cita.

Evo advirtió con capturarlo

El presidente, Evo Morales, advirtió el domingo de que si Belaunde ingresó de forma ilegal a Bolivia corresponde su captura por haber vulnerado la normativa de ingreso al territorio boliviano.

El mandatario dijo que, según la información que posee de la oficina de Migración, Belaunde ingresó y salió de Bolivia varias veces, pero su última salida fue el 27 de enero de 2014, y nunca más se registró una entrada oficial a este país.

“Eso significa que entró irregularmente, ilegalmente a Bolivia. Entonces, de ser así, eso obedece a una captura. ¿Cómo es posible que no va a respetar las instancias correspondientes para entrar a Bolivia?”, cuestionó el mandatario.

Morales también recordó, como ya hizo antes el canciller, David Choquehuanca, que Bolivia no puede otorgar refugio a personas que afrontan procesos de corrupción.

No obstante, el Gobierno de Morales también ha sostenido que evaluará el caso en el marco de las normas internacionales y que una petición de refugio puede ser analizada en un plazo de hasta 120 días.

Orden de captura
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Belaunde Lossio ha sido acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en Gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales, por lo que en mayo pasado un tribunal peruano ordenó su detención preventiva durante 18 meses.

Según el Gobierno peruano, el empresario está acusado de delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir y tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de este año.