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El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción halló irregularidades en 50 declaraciones juradas de bienes de jueces, fiscales y policías. Se remitió la documentación al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones. 

"Estamos remitiendo 20 casos de fiscales al Ministerio Público, 18 de jueces y 12 de policías. Los delitos por los cuales estamos remitiendo es un concurso de delitos (como) enriquecimiento ilícito, falsedad y omisión", explicó la autoridad en conferencia de prensa.

La autoridad informó en días pasados que se inició con la verificación de 105 declaraciones juradas sobre las que existían sospechas. Se concluyó que los funcionarios adquirieron bienes e incrementaron sus cuentas bancarias de forma inexplicable. 

"Este fue un mandato del Concejo Nacional de Transparencia, donde están la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio y la Fiscalía, por lo que se espera que las investigaciones se realicen con la mayor severidad posible", resaltó. 

Coronel y fiscal bajo la lupa
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Entre los ejemplos que ofreció la autoridad resalta el caso de un coronel de la Policía que comenzó a trabajar el año 2002 con un salario de 1.811 y declaró un patrimonio de más de 427.000 bolivianos. Después de 10 años, sus bienes ascienden a más de 1 millón de bolivianos con un salario de 2.800 bolivianos.

Otro de los casos connotados que se evidenció involucra a un fiscal de Santa Cruz que ingresó a trabajar en 2000 con un salario de 1.939 y un patrimonio de 141.000 bolivianos. 13 años después sus bienes se incrementaron a 646 mil bolivianos con un salario de 9.600.

En ambos casos, según Suxo, se adquirieron importantes propiedades mobiliarias en diferentes ciudades del país, que fueron omitidas en las declaraciones o fueron inscritas a nombres de familiares. La autoridad no quiso revelar los nombres de los involucrados.