El Gobierno español aprobó este viernes la llamada Estrategia de Acción Exterior, que fija las prioridades y los objetivos a mediano plazo de la política diplomática, entre los que se incluye el fomento de la "inmigración cualificada" que contribuya al cambio del modelo productivo y amortigüe el problema demográfico en España.

La Estrategia de Acción Exterior española recoge el conjunto de actuaciones de los organismos públicos que participan en este ámbito.

Uno de los ejes de la acción diplomática se centra en la cooperación con los países de origen y tránsito de los flujos de migración irregular.

Según explica el Gobierno, en el resumen de los acuerdos, el problema de déficit poblacional que sufre España "debe llevar a una política migratoria proactiva, de fomento de la inmigración cualificada, que contribuya al cambio de modelo productivo y sirva de contrapeso a las tendencias demográficas negativas".

Junto a ello, el Ejecutivo aboga por perseverar "en la política de control de la inmigración irregular, con pleno respeto de los derechos humanos y en cooperación con los países de origen y tránsito", señala la nota.

Profundizar la cooperación

También en materia migratoria se subraya la necesidad de continuar profundizando en la cooperación para el desarrollo con el fin de abordar "las causas profundas de la migración", en particular en los países de la ruta migratoria del África Occidental.

La Estrategia destaca como prioridades la coherencia, eficacia y transparencia de la acción exterior; proyectar los valores e intereses de España y situar al ciudadano en el centro de la política exterior.

Entre los objetivos está la promoción de la paz y la seguridad internacionales; el fomento de instituciones multilaterales; la promoción de los derechos fundamentales y las libertades públicas; la lucha contra la pobreza; la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

También se resalta el control de armamentos; la construcción de una Europa "más integrada y más legítima", reforzar la unión económica y monetaria; fortalecer la comunidad iberoamericana de naciones; la asistencia y protección de los españoles en el exterior y la promoción de los intereses económicos de España en el mundo, según el resumen de acuerdos del Gobierno.