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Entre enero y julio de este año se suscitaron 44 alertas de agresiones en contra de periodistas a nivel nacional, según el registro de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que se hizo público este miércoles.

Las detenciones de Carlos Quisbert del periódico El Diario y de Juan Carlos Paco Veramendi de radio Líder de Potosí, la pasada semana, fueron las de mayor connotación.

Las alertas, de acuerdo con el director ejecutivo de la ANP, Franz Chávez, tienen que ver con detenciones temporales, procesos judiciales, amedrentamientos, agresiones verbales o físicas y decomiso o daño al equipo de trabajo, entre otros contra los periodistas.

Además, la cifra 44 alertas en siete meses se acerca a las 45 que se registraron en total en 2014.

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La obligación del Estado

Para el secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión, el chileno Moisés Sánchez, que arribó a la ciudad de La Paz en las últimas horas, recordó que la "Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en manifestaciones sociales" establece la obligación del Estado de proteger y resguardar la labor periodística.

"Los Estados tienen la tendencia de olvidar que, en el contexto de las manifestaciones, las garantías hacia el trabajo periodístico deben ser aún mayores. El Estado tiene una posición de garante y de poder que obliga que tome todas las medidas necesarias para que elimine todo tipo de amenazas al trabajo de los periodistas", sostuvo Sánchez.

La Declaración, emitida el 13 de septiembre de 2013 por la Relatoría de Naciones Unidas para la Protección de la Opinión y Expresión, y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), revaloriza la libertad de expresión como condición fundamental de la existencia y funcionamiento de la democracia.

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El no cumplimiento de esta declaración por un Estado puede derivar, precisó Sánchez, en procesos internacionales. "Cuando un Estado no da cumplimiento de manera sistemática a este tipo de responsabilidad existe la posibilidad llevar al Estado a instancias internacionales", apuntó.

Es así que el vicepresidente de la ANP, Jorge Carrasco, llamó a las
autoridades a respetar y garantizar el ejercicio periodístico en situación de conflicto, como ocurrió con Paco Veramendi, que fue detenido la semana pasada como uno de los presuntos responsables de los dinamitazos en el Ministerio de Gobierno, suscitado dentro del conflicto potosino que lleva 24 días.

Carrasco anticipó que, de continuar estas vulneraciones al trabajo periodístico, buscarán nuevos mecanismos que permitan el cumplimiento de la Declaración de la Naciones Unidas y la OEA.

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