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Más allá del dictamen del juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, que se inicia hoy en la Corte Federal de Fort Lauderlade, la extradición a Bolivia de las dos exautoridades se mantiene lejos de ser realidad. El Gobierno de Evo Morales pidió a la administración de Donald Trump “conciencia” para una posible entrega de los exdignatarios, que ahora se encuentran en Estados Unidos.

Durante el proceso civil se espera que más de una veintena de testigos declaren contra los acusados de la masacre de octubre de 2003. 

El ministro de Justicia, Héctor Arce, descartó que el Gobierno boliviano envíe un personero como observador al juicio civil contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, pero se inclinó a que el sistema político de Estados Unidos tome “conciencia” de un posible fallo favorable para las víctimas. 

“En este caso no participa el Estado boliviano, pero es un caso importante por lo que vaya a acontecer y ojalá motive al poder político norteamericano, y lo decimos con mucho respeto al Gobierno de Estados Unidos, ojalá, según a lo que establezca su propio juez, tome conciencia de la importancia de este caso y viabilice una extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín”, remarcó el ministro Arce. 

Un juez de la Corte Federal de Fort Lauderlade dispuso el inicio de un juicio civil contra ambas exautoridades, quienes se encuentran en Estados Unidos desde que huyeron el 17 de febrero de 2003 tras los conflictos por la denominada guerra del Gas, que derivó con más de 80 muertes a la actualidad.

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El juicio empieza hoy a las 08.00 (hora boliviana) en la Corte Federal de Fort Lauderlade. No se confirmó la asistencia de los dos acusados, ya que su presencia no es obligatoria y pueden ser representados por sus abogados. Sánchez Berzaín no quiso responder si será parte del inicio del proceso. 
La oposición alabó que por primera vez en 15 años los dos principales acusados de la masacre de octubre de 2003 estén en el banquillo de acusados. El diputado Gonzalo Barrientos, de Unidad Demócrata (UD), auguró que el juez de Estados Unidos pueda fallar a favor de los familiares de las víctimas. 

“Es histórico y ojalá se pueda sentar un precedente legal para su extradición, pero eso está cada vez más lejos porque el Gobierno de Evo Morales dejó a un lado este asunto y no intentó seguir con las gestiones diplomáticas que debe hacer la Cancillería”, acusó Barrientos. 
Sobre el tema, el vicepresidente Álvaro García aplaudió que este caso haya iniciado en la materia civil, pero a la vez lamentó que la extradición de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín se haya congelado desde hace ocho años. 

“Por lo menos se está haciendo algo de justicia, eso tiene que ver con el resarcimiento económico a las víctimas, esperemos que vaya bien. Luego viene lo fundamental, que es el enjuiciamiento penal de los autores materiales e intelectuales de esa masacre, que es lo que está paralizado, está en manos de la justicia norteamericana y en ocho años no se avanzó nada porque Sánchez de Lozada es un protegido de Estados Unidos”, remarcó García.

La Fiscalía contrató al bufete de abogados estadounidense Rabinowitz-Boudin para que tramite la extradición de las exautoridades acusadas de genocidio en Bolivia. En septiembre de 2012, Estados Unidos rechazó el pedido de extradición porque observó incompatibilidad en las legislaciones de los dos países respecto a los delitos por los que se los reclama. 

Ahora, el caso de extradición se encuentra en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde el trámite se congeló hace ocho años.

El abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, informó que este proceso de entrega “depende solamente” de las autoridades políticas de Washington. “Se hicieron todos los trámites correspondientes y ahora depende de la voluntad política del Gobierno de EEUU”, dijo. 

Testigos en el juicio civil

Más de 20 testigos serán la parte clave del juicio civil contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Tres instituciones estadounidenses financiaron y diseñaron el caso contra las exautoridades bolivianas por la masacre de 
octubre de 2003. 

Beth Stephens es una de las abogadas que lleva el proceso desde hace diez años. La jurista detalló a EL DEBER que se tiene planificado la declaración “de más de 20 testigos” en el caso contra las dos exautoridades. 

“Hay testigos, todavía no sabemos exactamente (el número), eso dependerá del ritmo del caso, pero pueden ser 20 o 22, hay más personas que participarán”, explicó Stephens, abogada del Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), una de las entidades que maneja el proceso. 

Además del CCR, la Clínica de Derechos Humanos de la universidad de Harvard y el bufete de abogados de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP financian y diseñan la estrategia jurídica contra las exautoridades. 

Thomas Becker es otro de los ocho abogados que llevó el proceso desde 2007. Llegó a Bolivia cuando era un jurista junior de Harvard y ahora tiene especialidades en la materia jurídica de derechos humanos. El experto llegó a La Paz el pasado martes y partió el último jueves con los familiares de las víctimas —que son la parte demandante— rumbo a Miami. 

No hay nombres

Becker señaló que depende el movimiento del proceso se llevarán los testigos desde Bolivia. Los nombres no se los pueden dar por estrategia, según el abogado; sin embargo, estarían en la lista los dirigentes sindicales de esa época (octubre 2003). 

El jurista destacó que será el juez quien determine el monto de la indemnización para las víctimas, en caso de que la parte demandante salga victoriosa. 

Los nueve demandantes de este juicio civil son: Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Sonia Espejo Villalobos, Hernán Apaza Cutipa, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya, Gonzalo Mamani Aguilar y Felicidad Rosa Huanca Quispe.  
El abogado Mayta remarcó que la presencia de los testigos será “clave” en este proceso legal, empero, evitó dar los nombres y cargos. “No podemos ingresar a detalles por instrucción de los abogados (estadounidenses), esa parte es muy reservada”, sentenció. 

Becker añadió que el juicio civil puede durar un mes y que a finales de marzo se podría conocerse la sentencia. Además, el abogado estadounidense señaló que alrededor de 30 abogados colaboraron en este proceso legal. Los juristas son parte de las tres organizaciones que financiaron y diseñaron la estrategia jurídica.