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El fiscal José Domingo Pérez acusó ayer a la líder opositora peruana Keiko Fujimori de haber cometido el delito de lavado de activos a partir de una organización criminal que “se insertó” en el partido Fuerza 2011 y recibió aportes ilegales, entre otros, de la constructora brasileña Odebrecht.

Se trató de “una organización de facto, paralela, que se insertó en este partido político y comenzó a controlar las decisiones, precisamente, de esta organización”, señaló el fiscal al sustentar su pedido de prisión preventiva durante 36 meses para Fujimori quien, recordó, fue la “presidenta fundadora” de la agrupación.

Pérez, en una presentación de más de tres horas que aún no concluyó, mencionó las declaraciones que recabó tanto de Marcelo Odebrecht como de su principal representante en Perú, Jorge Barata, quienes confirmaron la existencia en su empresa de un sistema que brindaba “apoyo político” a diferentes agrupaciones para luego tener acceso a una “relación diferenciada” con el poder.

Aseguró que Odebrecht declaró el 9 de noviembre de 2017 que había una “ilicitud indirecta de la donación electoral” ya que “la entrega de dinero no es registrada, pero tiene un objetivo”.

Pérez también reveló el testimonio de un colaborador protegido que aseguró que el magistrado César Hinostroza, detenido en España bajo la acusación de dirigir una red de corrupción en la Judicatura peruana, coordinó con el congresista Héctor Becerril para reunirse con Keiko y “apoyarla” en la investigación que se le seguía.

Remarcó que el presunto aporte de Odebrecht a la campaña de Keiko se originó en la llamada División de Operaciones Estructuradas, tal como declaró Barata, quien le dijo que se dio en dos partes de medio millón de dólares, cada uno.