Ha sufrido un cuadro de estrés y se internó este viernes en un policlínico de Oruro. Con esa excusa, la defensa del alcalde de Oruro, Édgar Bazán, ha justificado la inasistencia del munícipe a la audiencia cautelar a la que fue citado para hoy por el caso denominado mochilas de Oruro, la compra de más de 40.000 bolsos escolares con supuesto sobreprecio e importadas de China a pesar de que debían ser nacionales.

Pero ni el juez Sergio Vásquez ni el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, coadyuvante en la querella contra Bazán, han tomado bien la noticia. De modo que, a petición de la Fiscalía de Oruro, el juez declaró en rebeldía a Bazán y emitió una orden de apremio para que la Policía lo capture y lo ponga a disposición de la justicia.

Te puede interesar:

Así lo explicó el viceministro Jiménez a la salida de la cautelar suspendida, molesto, pues, según él, la conducta de Bazán sugiere un “manoseo” de las instituciones para evadir las investigaciones de la justicia.

El Ministerio Público explicó que la otra irregularidad en la adquisición de las mochilas chinas consiste en que la licitación fue realizada mediante la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), es decir, que se debía favorecer a productos nacionales, pero se importó del país asiático.

La Fiscalía tiene suficientes indicios debido a los documentos que fueron encontrados en el allanamiento a las oficinas del proveedor, Marco Murillo. Se adjunta la declaración de 17 personas, entre funcionarios ediles y empleados del vendedor, que debe ser evaluada por el juez.

El 27 de marzo, Bazán presentó un memorial que solicita el rechazo de la denuncia porque consideran que el Decreto 181 refiere delegación de responsabilidades y que él actuó dentro la norma, lo que fue interpretado como una acción de dilación.