Opinión

cara a cara

El Deber Hace 1/6/2019 8:00:00 AM

Inopinadamente, en la primera semana del nuevo año, la prensa se convirtió en el blanco de fuertes críticas y los disparos los ejecutó, nada más y nada menos, que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, al inaugurarse el año judicial, acto en el que participó el jefe de Estado. Casi al mismo tiempo, una empresa del Estado iniciaba una demanda penal contra el periodista Raúl Peñaranda en respuesta a una nota crítica suscrita por él. ‘Manipuladores’ y ‘tergiversadores’ de la información, fueron algunos de los adjetivos empleados por Revilla en su afán de descalificar a periodistas y medios. Sus declaraciones han sido interpretadas como una expresión más del autoritarismo del Gobierno, que considera a la prensa independiente como su principal ‘enemigo’ y sobre la que pueden precipitarse los más duros embates en un año electoral que empieza a ofrecer las primeras señales de lo encarnizado que será.

Las laboriosas abejas son imprescindibles para la especie humana porque polinizan el 75% de la flora silvestre y de ese proceso depende casi el 40% de las frutas y verduras que consume. Una investigación reciente de Euronews arroja una preocupante conclusión: los pesticidas utilizados por los productores de coca están exterminando a las abejas en Bolivia. Se habla de una “auténtica hecatombe” de abejas en el país, cuya población se está reduciendo de forma “estrepitosa” por efecto de los productos organofosforados utilizados por los cocaleros. La referida investigación es un fuerte toque de alerta sobre los graves daños colaterales que resultan de los crecientes cultivos de la ‘hoja sagrada’ en el país donde el jefe de Estado funge también como presidente de los cocaleros. Algo tendrá que decir (y hacer) sobre la inquietante revelación.

Ha llamado la atención el violento ataque contra un predio del Searpi que destruyó completamente sus instalaciones en el municipio de El Torno. Tampoco ha dejado de sorprender la decisión posterior de una jueza que dispuso la libertad de cinco personas que habían sido detenidas bajo la acusación de invadir y destruir la referida infraestructura, provocando un daño económico que asciende a Bs 100.000. Se trata de un hecho muy grave cuyos móviles no pueden quedar sin esclarecerse.