¿Estamos a pocos días de atestiguar la bolivianización del sendero de crimen que han adoptado los regímenes venezolano y nicaragüense? Una respuesta crucial para entender lo que sucede se encuentra en la investigación de la Fundación Pazos Kanki, La destrucción del Estado de derecho. Una evaluación de los derechos humanos en Bolivia (2006-2017), a ser publicada la siguiente semana.

Esta investigación tiene el mérito de documentar el gradual pero efectivo proceso de destrucción del Estado de derecho a lo largo del denominado ‘proceso de cambio’. Una pregunta ayuda a comprender los pormenores de este problema: ¿dónde preferiría vivir usted amable lector, en la República de Zimbabue, que realiza elecciones democráticas periódicas, pero que se ha dedicado a reprimir a las minorías étnicas que se enfrentaron al presidente Mugabe, reprimió homosexuales con feroz brutalidad y se encargó de expropiar propiedades a las minorías blancas ocasionando un sinfín de muertes, o en Singapur, país en el que no se realizan elecciones, pero se garantiza la educación y salud gratuitas, se respeta la propiedad privada y/o se cuida el derecho a la vida? Pues en ninguno: requerimos ambos engranajes para solidificar una auténtica democracia. No podemos conculcar una de estas esferas, a riesgo de someternos a una oligarquía democrática, en un caso, y a una tecnocracia a-democrática, en el otro.

Una mirada teórica bautiza a estas democracias que van perdiendo este segundo componente como sistemas de “autoritarismo competitivo”. Los ejemplos de Venezuela y Nicaragua lo demuestran: las elecciones se han convertido en meros rituales de confirmación del poder para estos neo-oligarcas que de 2017 a 2018 se han dedicado a asesinar. Los más de 100 muertos en Venezuela y los más de 300 en Nicaragua ponen en evidencia que el Estado de derecho ya no existe. Ya solo existe la pura carcasa electoral.

Cabe enfatizar que este final es solo el derrame final de un vaso que se fue llenando de contenido a lo largo de más de una década en el poder. Lo que atestiguamos en estos países es solo la última toma de una secuencia más larga, caracterizada por la conculcación paulatina pero eficaz de las instituciones que protegían los derechos: se copó el Poder Judicial, se cooptó al Poder Electoral, se anuló a los medios, se restringió al poder de los gobiernos subnacionales, entre otros rasgos que presagiaban, en esa plataforma de “acumulación autoritaria”, este desenlace mortuorio.

Por eso es tan importante esta investigación. Da cuenta de ese proceso, dejando en claro el momento en que dio inicio el fin: enero de 2010 con un Evo Morales poseedor de los 2/3. Este instante de mayor democratización electoral, por decirlo de algún modo, fue el instante de mayor amenaza sobre el Estado de derecho como engranaje privilegiado de protección de los derechos humanos. Esta mayoría electoral supuso la consolidación de un ‘presidencialismo imperial’, cuya obsesión por el poder se convirtió en la seña más representativa de esta democracia, cada vez más arrimada a un modelo de autoritarismo competitivo. Esta investigación lo confirma, verificando que las instituciones protectoras de los derechos humanos (en especial la Defensoría del Pueblo y la Asamblea de los Derechos Humanos) vienen siendo desmanteladas, la cooperación internacional (y en especial Naciones Unidas a través de su relator en el cargo) ha cohonestado el régimen haciendo críticas tibias y marginales; la libertad de expresión ha sido restringida de variadas maneras y/o el Tribunal Constitucional ha sido colonizado convirtiéndose en una oficina del Poder Ejecutivo, entre otros aspectos ampliamente detallados.

El camino que adopta el Gobierno empieza a parecerse de un modo incuestionablemente peligroso a la situación vivida en los países del ‘socialismo del siglo XXI’, Venezuela y Nicaragua. El presidente Morales habló de expulsar a “chutazos” a los que defiendan el 21-F, el vicepresidente aseveró que se trata de una guerra de q’aras contra indios, el ministro de Defensa se refirió a los “defensores” del 21-F como “borrachos que vienen a alterar la fiesta”; Jacinto Herrera, alto ejecutivo de la Csutcb, amenazó a los grupos que rechazan la nueva postulación de Morales afirmando que “ya están cansados de sus provocaciones”; grupos de choque del MAS salen con capuchas a defender la inconstitucional repostulación y/o el subcomandante de la Policía, el general Agustín Moreno, exhibió un talante preocupantemente autoritario señalando que “no se permitirá alterar el orden público en nombre de defender la democracia”, entre otras declaraciones que empiezan a alentar la violencia.

Estas últimas señales comentadas confirman el paulatino descenso a una realidad que comenzó violando paulatinamente los derechos humanos, como queda claro en el trabajo a ser publicado, y podría acabar azuzando la violencia más descarnada, ya sin miramiento alguno, por este Estado de derecho que a lo largo de más de 12 años de gobierno se encuentra en peligro de perder su último bastión: la defensa de la vida.