Escucha esta nota aquí

El jueves, la juez pública de la niñez y la adolescencia, Jacqueline Rada Arana, dispuso que se realice una prueba de ADN entre el niño que la defensa de Gabriela Zapata presentó en días pasados y el “ciudadano demandante”, es decir, el presidente Evo Morales. Así se pudo constatar de acuerdo a documentos a los que tuvo acceso EL?DEBER.

La jueza señala que la prueba debe realizarse en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y por eso “oficiese al señor director que designe el respectivo perito, quien debe brindar juramento el viernes 22 de abril a horas 17:00 y para la toma de las muestras respectivas se señala el día lunes 25 de abril a horas 17:00, debiendo notificarse a las partes con las formalidades de ley, a efectos de su estricto cumplimiento”.

Como antecedente, la jueza dice que “teniendo en cuenta que todos los medios utilizados como prueba, medios científicos que sirvan para formar la convicción de la juez, quien podría pedir de oficio, prueba que deberá ser sufragada por el Estado, en tal sentido, se dispone que se practique la prueba del examen de ADN entre el niño (pone el nombre del menor) con el demandante, Evo Morales Ayma”.

Se consultó al ministro de Autonomías, Hugo Siles, sobre cómo tomó el Gobierno esta convocatoria. “Ese es un tema que está en la justicia, son los abogados que están en la representación del caso los que pueden responder, yo no tengo ninguna opinión o comentario que hacer sobre el particular”, dijo.

No se pudo contactar, pese a que se lo llamó insistentemente, al abogado del presidente Morales, Gastón Velásquez. Tampoco se pudo ubicar al ministro de Defensa, Reymi Ferreira.

Pedido de la defensa
En un memorial que fue entregado al juzgado el 20 de abril, al que tuvo acceso este medio, los representantes legales del presidente solicitan “ordene la realización de la prueba de ADN, por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a cuyo efecto se oficie para la designación del perito respectivo, donde obligatoriamente deben concurrir los padres y el hijo”.

En el memorial exponen al menos diez “hechos contradictorios” que han generado una “duda razonable en nuestro mandante, de que el menor supuestamente presentado sea en realidad el hijo biológico de nuestro mandante”.

Puntualizan que el examen es necesario porque no se podría resolver el fondo de la demanda si el menor no existiere, “ya que el Estado, la sociedad y la familia no pueden brindar protección a un menor inexistente”