Opinión

Una nueva cárcel para Santa Cruz

El Deber Hace 3/9/2018 8:00:00 AM

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El departamento más poblado de Bolivia tiene una cárcel que da pena y que resulta una bomba de tiempo por los diversos problemas acumulados en ella. Ni siquiera la matanza de hace casi cinco años en Palmasola, por un enfrentamiento que causó el saldo de 35 muertos, fue un detonante para que Santa Cruz estrene un penal con las condiciones suficientes de seguridad y los servicios básicos para los internos.

La histórica visita del papa Francisco al recinto penitenciario, el 10 de julio de 2015, tampoco sirvió de estímulo para mejorar la situación de los presos. Apenas se fue su Santidad, la cárcel cruceña volvió a ser la misma de siempre. Si nos avergüenza el estado de la justicia boliviana, la realidad de la mayoría de los penales es más que bochornosa. La muestra más alarmante del rotundo fracaso del Estado y la institucionalidad en la gestión de la seguridad ciudadana y de los derechos humanos es Palmasola y la mayoría de las cárceles.

No se puede asegurar que lo peor ya ocurrió en el penal de Santa Cruz, después de la masacre de 2013. Lo sucedido el lunes ratifica que se hizo poco o casi nada para desactivar el riesgo de enfrentamientos o las fugas de presos peligrosos. La facilidad con la que treparon el muro del penal para escapar es increíble. Daría la impresión de que los otros internos no huyen porque no quieren. La vulnerabilidad de la cárcel es preocupante. Solo 50 policías para vigilar a casi 6.000 presos, cuando el recinto debe contar con al menos 200 uniformados.

Es penoso que la autoridad reconozca que las torres de vigilancia están vacías algunas horas del día por falta de policías. Es también incomprensible que se tenga que acordar con los reos el cumplimiento de normas que regulan las visitas o la permanencia de niños en el penal.

Como era de esperar, se han tomado algunas decisiones que resultan pasajeras y parches para solo diluir la crítica de la ciudadanía atemorizada. El traslado de una decena de presos y la reubicación de otros ayudará poco a cambiar la realidad. Tampoco alcanza la promesa de refuerzo de la vigilancia con algunos policías.

Un cambio estructural pasa necesariamente por la construcción de una cárcel moderna para Santa Cruz, pero el Gobierno asegura que en este momento no dispone de financiamiento. Resulta contradictorio que se haya destinado en la última década millonarios recursos a fallidos emprendimientos estatales y a algunas obras innecesarias, pero que falte presupuesto para construir un penal acorde al desarrollo cruceño. La dejadez es colectiva. Si el Gobierno nacional no se preocupó por cambiar la triste realidad, también es criticable que no lo hayan hecho las autoridades locales. Este es el momento de demostrar si están o no capacitadas para gestionar los problemas de Santa Cruz.