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“¡Qué pesar estos muchachos eliminados!”, comenta resignado un hincha de la selección colombiana. Una mujer, con la camiseta de ‘Líder social’, le responde: “Sí, ya van más de 100 este año y seis solo en la última semana”. 

Esta aguda ilustración, publicada por el caricaturista X-tian el martes pasado, retrata la dura realidad de los defensores de derechos humanos, de la vida y de la tierra, en Colombia. Entre ellos, Luis Barrios y Felicinda Santamaría. Ambos asesinados, delante de sus familias, mientras la selección colombiana jugaba con Inglaterra su último partido de este Mundial. Dos días después, otro líder, José Fernando Jaramillo, corría similar y fatal suerte. Y al concluir la semana, el profesor Frankfurt Darío Rincón, también. En una semana, seis nombres se sumaron a la lista de decenas de líderes sociales y activistas asesinados, en Colombia, en lo que va de este año. El grito desesperado en las redes es #NosEstanMatando. Y la pregunta clave es: ¿por qué? 

Diferentes hipótesis se manejan. Una fue política, pues varios de esos líderes participaron en la campaña Colombia Humana, de Gustavo Petro. Sin embargo, otros no tenían una filiación específica. Solo eran ciudadanos comprometidos con su comunidad. Por ello, la razón más evidente es “porque estamos en contra de la minería ilegal, porque somos quienes denunciamos las ollas de expendio de droga” –como afirmó el asesor de la Confederación Nacional de Acción Comunal, Jaime Gutiérrez– y porque, como muchos especialistas sostienen con insistencia, una política integral sobre la tierra y el territorio aún está pendiente. 

Como es de esperarse, los líderes comunales y activistas del área rural colombiana buscan trabajar a favor de sus pares ciudadanos. Entre sus tareas está el pronunciamiento y denuncia de actividades irregulares y violaciones a los derechos humanos, el fomento a la actividad productiva de los menos favorecidos y las capacitaciones para incitar a una ciudadanía activa y comprometida con su desarrollo. 

Todas estas actividades desfavorecen a dos sectores particulares: los narcos y los terratenientes. A los primeros no les conviene, por ejemplo, contar con jóvenes comprometidos socialmente –como pretendía fomentar Felicinda en el Chocó– porque se quedarían sin ‘mulas’ o sicarios.
Tampoco les convendría que alguien vigile y denuncie su expansión de cultivo para velar por el territorio que corresponde a indígenas y campesinos.

Esto último tampoco podría ser útil para los históricamente favorecidos terratenientes, dueños del poder económico, político y social del área rural. Por ello, para preservar ese dominio, muchos de ellos se relacionaron con el paramilitarismo –aún vigente en Colombia–, pues este se constituyó como una defensa armada e ilegal de los grandes territorios, en contra de las luchas sociales por mayor equidad. Ergo, no es casual la reciente denuncia del colectivo indígena Cxhab Wala Kiwe, sobre un panfleto de las Águilas Negras, que amenaza a autoridades y líderes comunales del sudoeste colombiano por ser un “obstáculo para el desarrollo”.  

Este escenario llama con urgencia la implementación de uno de los principales puntos del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano: una reforma rural integral. Pues como advirtió la especialista C. Ruiz Córdova (2017): “Los problemas del campo colombiano están en la raíz de los conflictos sociales”.  

Habrá que ver si el presidente elegido, Iván Duque, apadrinado por Álvaro Uribe (de familia terrateniente y denunciado por relaciones con el paramilitarismo), logra concretar esta titánica tarea. La duda es inevitable. Pero la reciente movilización ciudadana invita a pensar en la esperanza.... Por una paz con justicia social.