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Centenares de personas salieron el martes a las calles de la capital mexicana al cumplirse 19 meses de la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, en una marcha en que los familiares de las víctimas portaron antorchas para simbolizar la "esperanza" de alcanzar "la verdad y la justicia".

Los padres de los estudiantes encabezaron la manifestación, que se celebró días antes de que se produzca la retirada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que indaga hasta el 30 de abril el caso y que puso de relieve graves irregularidades en la investigación por parte del Estado mexicano.

"La salida del GIEI no nos va a derrotar; nos llena de fortaleza", proclamó minutos antes de comenzar el recorrido el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz, en el monumento conocido como Ángel de la Independencia.

El vocero exigió que el Gobierno acepte el mecanismo de seguimiento que se pondrá en marcha tras la partida de los expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y pidió a los ciudadanos no quedarse "callados".

La retirada del GIEI protagonizó, en gran medida, el recorrido, en el que se vieron carteles de apoyo a los expertos ("GIEI sí, Peña no", "Permanencia del GIEI hasta que lleguen la verdad y la justicia") y se escucharon cánticos en favor de que se queden en México.

A esas demandas se sumaron, como es habitual en estas manifestaciones, las proclamas de "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos", "Ayotzi vive, la lucha sigue" y "¡Fuera Peña!, una de las muchas alusiones que hubo en contra del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Los manifestantes hicieron una primera parada ante la sede de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), donde pidieron a la fiscal Arely Gómez que se investigue por qué su predecesor, Jesús Murillo, proclamó la "verdad histórica" sobre lo ocurrido con los estudiantes, de la cual tanto el GIEI como forenses argentinos que colaboran en las pesquisas han mostrado inconsistencias.

De acuerdo con la versión oficial presentada por Murillo, los 43 jóvenes fueron detenidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los mataron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula, en el estado de Guerrero.