Opinión

Incahuasi, otro golpe a Santa Cruz

El Deber Hace 12/16/2017 11:58:00 PM

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El Tribunal Constitucional acaba de emitir un polémico fallo sobre el campo gasífero Incahuasi que plantea un duro golpe a la economía de Santa Cruz. 

El yacimiento se encuentra en territorio de Santa Cruz, en la frontera con su vecino Chuquisaca, lo que ha provocado un innecesario conflicto interregional. En agosto de 2016, un estudio técnico encargado por YPFB a la consultora canadiense Petroleum Consultants GLJ, determinó que el reservorio está 100% en territorio cruceño, por lo que las regalías que surjan de su explotación corresponden enteramente a este departamento. Chuquisaca no lo aceptó por lo que denunció que la petrolera estatal proporcionó información no oficial para elaborar el documento. 

El 8 de marzo de 2017, la justicia determinó que YPFB tenía 30 días para realizar un nuevo estudio. Santa Cruz rechazó la resolución judicial y manifestó que se deben respetar los límites históricos y el estudio técnico.

Este jueves, el TCP emitió un fallo que establece suspender el pago de regalías por el campo gasífero Incahuasi hasta que se realice un estudio técnico sobre los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca. 
La decisión implica graves consecuencias para el erario cruceño ya que el departamento dejará de percibir Bs 360 millones anuales, unos 30 millones mensuales, lo que significa un recorte del 40% de las regalías.
Desde la Gobernación y desde el ministerio de Gobierno ha habido airados reclamos por este fallo que golpea a la región en un año en el que cayeron los ingresos departamentales.

Pero más allá de las cuestiones técnicas, llama la atención el momento y el contexto en que surge esta resolución. El TCP ha sido cuestionado por habilitar la candidatura indefinida de Evo Morales, transgrediendo la propia Constitución Política del Estado (CPE) y el mandato popular emanado del referéndum del 21 de febrero de 2016, por el cual la mayoría de los bolivianos rechazó la repostulación del mandatario.

Hay sospechas de que los magistrados del TCP están favoreciendo abiertamente al oficialismo para que Morales se mantenga en el poder. Este hecho provoca una desconfianza de esa institución del Poder Judicial.

Preocupa que la manipulación de la justicia afecte al departamento que es motor de la economía boliviana y genere las condiciones para un enfrentamiento con los hermanos chuquisaqueños en momentos en que se requieren soluciones más que problemas para el difícil contexto económico que enfrenta el país. Ojalá el conflicto por Incahuasi se resuelva con criterios científicos y técnicos, antes que políticos. De ello depende que el país no ingrese en una espiral de confrontación que no hace más que perjudicar el desarrollo de todos los bolivianos.