La factura de la sentencia del Tribunal Constitucional se cobró 24 puntos de respaldo a la gestión de Evo Morales. El presidente del Estado termina su duodécimo año de gestión con un respaldo del 34%, 24 puntos menos de los que tenía en enero de 2017. Así lo evidencia el estudio de Equipos Mori para EL DEBER, realizado en las cuatro ciudades del eje troncal entre el 15 y el 18 de enero, con un margen de error de 3,4%. Así, la gestión del mandatario entra en su año 13 con una desaprobación del 59%, que tiene su pico más alto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (64%) y que divide aguas en El Alto (50%).
Algo muy parecido sucede con la sentencia constitucional que le permite repostularse a la Presidencia en 2019. Un 70% está en contra frente a un 28% a favor. Cuando se les pregunta a los habitantes del eje si están a favor de que Morales haga uso de esa sentencia para presentarse en los comicios, solo un 30% está de acuerdo, frente a una oposición de un 68%. No hay muchas diferencias por clases sociales. En el estrato de ingresos bajos el apoyo a la candidatura de morales sube al 39%, pero aún tiene un rechazo del 59%, que sube al 75 en la clase media y trepa hasta el 91% entre los encuestados de ingresos altos. 
La encuesta también refleja un alto apoyo a las protestas sociales y un pesimismo sobre el rumbo del país (ver pág 6 y 7), con lo que el año 13 se presenta complejo para el presidente, tanto o más como el que tuvo que enfrentar luego del gasolinazo de 2010, cuando tuvo cifras similares de aprobación de gestión y lo obligó a un cambio de timón en su Gobierno, apegándose al nacionalismo en detrimento de la línea indigenista que había marcado su primera gestión.
El contrato social
Jorge Komadina, sociólogo y catedrático de la Universidad de San Simón, considera que la encuesta constata “la caída libre del capital simbólico del presidente Evo Morales”, algo que fue una de las claves del proceso de cambio y una palanca que le permitió ganar elecciones. Encuentra una explicación a este fenómeno en los “errores estratégicos como la rerereelección del presidente a través de un fallo del Tribunal Constitucional”, que en su opinión es vista como ilegítima e ilegal por la población.
“Sin duda alguna es lo que ha generado  frustración, no solo entre las clases medias, sino también entre las clases populares, hay un rechazo agregado ahí”, añade.
Daniel Valverde, director del Observatorio Político Nacional de la Universidad Gabriel René Moreno, dice que la sentencia del 28 de noviembre generó una gran fisura en la sociedad, que se ha vuelto grieta y que amenaza con tornarse terremoto. Cree que el voto nulo de las elecciones judiciales fue una réplica de fisura y la pérdida de popularidad de la gestión es un ahondamiento de esta crisis. Cree que falta en el Gobierno autocrítica para medir el costo político de insistir con la reelección del presidente.  
La consecuencia de esta falta de análisis, según Valverde, es que Morales se está quedando apenas con ese 30% de voto duro, complicando lo que le queda de gestión, porque la lectura de la población es que, con el fallo del TCP, hubo una ruptura de las reglas democráticas. “En la cultura política boliviana, los resultados electorales
son sagrados. El no acatamiento
genera que la población se
movilice”, dice.
Yerko Ilijic, abogado y politólogo,
dijo que el bajón de aprobación
del Gobierno se debe a que en el
referendo del 21-F se perdió “la excepcionalidad
del presidente”. En
su opinión, lo que está en crisis es
el poder discursivo del presidente,
que ha construido su poder básicamente
sobre su palabra. Ilijic
cree que a Evo le ha bastado hablar
para gobernar, y al romperse
ese ‘encanto’ en el 21-F y confirmarse
en la votación judicial, la
población ha dejado de juzgar a
Morales por lo que dice y se fija
más en lo que hace. “La palabra de
Evo apelaba a las emociones. Gobernaba,
lograba modificar el
comportamiento del electorado,
del soberano, del pueblo constituyente
a través de las emociones,
a través de la empatía. Eso se rompió”,
dice Ilijic.
Y no parece que se pueda arreglar
fácilmente. Komadina, de hecho,
habla de un momento poshegemónico
en el que se está
transformando la correlación de
fuerza en el campo político, lo que
provoca que Morales tenga un
contrapeso imprevisto, la ciudadanía.
Esto, sumado a los propios
errores del Gobierno, según Valverde,
puede “motivar que una
oposición sin norte y sin proyecto
encuentre la posibilidad de cuajar
un proyecto alternativo”.
Para Ilijic, el mayor problema del
Gobierno es que Morales siempre
utilizó el recurso de la voluntad popular
como elemento para transformar
la realidad y, al irrespetar
el voto, se vuelve electoralmente
vulnerable y abre la posibilidad de
que aun yendo como candidato
pierda el poder. Así también lo calcula
la oposición, lo dijo el senador
Óscar Ortiz en diciembre, que
ve a Morales vulnerable en una hipotética
segunda vuelta electoral.
Así entra el presidente a su año 13
en Palacio Quemado, ya sin el aura
de invencibilidad que lo rodeaba
hace dos años Tres de cada cuatro habitantes
del eje troncal del país, de
las cuatro ciudades que nuclean
la mayor parte de la población,
aprueban las movilizaciones
en defensa del voto
del 21-F. Incluso en El Alto uno de los bastiones de Evo Morales,
las protestas tienen un respaldo
de dos tercios y llega a un
80% en Santa Cruz de la Sierra.
Sin embargo, esto es el apoyo a la
defensa del voto en el referendo.
Cuando se le pregunta a la población
qué hay que hacer con el
Código Penal, un 47% de los consultados
cree que hay que cambiar
algunos artículos y un 35%
dice que hay que anular todo su
contenido.
Eso podría constatar que la fuerza
de las movilizaciones, que comenzaron
con una demanda de
los médicos contra el artículo que
penalizaba la negligencia, en realidad
se debe al descontento generado
por la sentencia del Tribunal
Constitucional Plurinacional
que permite a Evo Morales y otras
autoridades presentarse a otra reelección.
Es más, hay coincidencia,
el 35% que quiere anular todo
el código y la base de rechazo histórica
de Evo Morales.
Para el sociólogo Jorge Komadina,
lo más complicado para
Morales es que para calmar las
protestas no bastará con abrogar
todo el Código Penal, sino que su
contrapeso, la ciudadanía que se
moviliza y autoconvoca a través
de redes sociales, exige que no se
presente como candidato a las
elecciones de 2019.
El analista Yerko Ilijic no cree
que Morales renuncie a su repostulación.
Dice que el siguiente
paso del Gobierno será presionar
a sus bases, a sus grupos
corporativos (movimientos sociales)
y sus aliados económicos
(empresariado cruceño) para que
demuestren su respaldo. Ve señales
de ellos en los discursos del
vicepresidente, Álvaro García Linera,
que tratan de llevar a su
electorado duro a la crispación
social, aprovechando los mensajes
racistas contra Evo en las redes
sociales.
La corrupción tampoco es un
parteaguas. Hay un 47% que cree
que hay más corrupción que antes,
pero el 50% piensa que hay
menos o igual desfalco al Estado
que en los gobiernos anteriores.
Incluso en sectores de ingresos
bajos se percibe a este régimen
como menos corrupto que los
anteriores, pero aun así el 62% de
esos mismos electores, la mayor
parte del país, está en contra del
fallo del TCP que le permite a Morales
ser candidato en 2019.