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Tuvieron que pasar 13 años desde que se iniciaron las gestiones para impulsar el uso del etanol en Bolivia, antes que se promulgara la Ley de Aditivos de Origen Vegetal y se diera vía libre a un proyecto que empezará a dar sus frutos en los próximos meses.

Más allá de los beneficios para la economía regional y nacional, este acuerdo es el ejemplo más claro de la cadena virtuosa que puede generar una política de Estado basada en la articulación de las iniciativas público privadas en lo que el sector empresarial ha insistido durante todos estos años.

El proyecto de producción de alcohol anhidro a gran escala generará una inversión privada de 1.600 millones de dólares, provistos mayormente por créditos del sistema bancario nacional. Con estos recursos y el compromiso del Estado se podrán duplicar las plantaciones de caña, construir y adecuar plantas procesadoras y generar más de 10.000 fuentes de trabajo, además de ampliar el servicio de transporte y la demanda de otros servicios.

Además, se requerirá mayor cantidad de materia prima de pequeños productores campesinos y se aplicará un enfoque serio de protección al medioambiente, en concordancia con las normas existentes y la necesidad de darle sostenibilidad para las siguientes décadas.

Para el Estado significará disminuir la dependencia de la importación de gasolina, lográndose un ahorro de 90 millones de dólares anuales por los próximos cinco años y un incremento en el PIB global cercano al 0,9%.

Este resultado concreto y factible no nace por un nuevo descubrimiento ni responde al alza de precios internacionales. Simplemente es el resultado de un cambio de visión, una apertura a nuevas alternativas y una decisión política de escuchar razones y analizar propuestas, dejando de lado la burocracia, los prolongados análisis y la tendencia a entrabar los proyectos y las ideas novedosas.

Las posibilidades de ampliar este mecanismo a otros campos, sectores y regiones son ilimitadas e incluso se puede aplicar, por ejemplo, en las empresas públicas, a través de acuerdos para que el sector privado se haga cargo de algunos procesos o componentes en los que tiene la experiencia y puede desempeñarse con más eficiencia.

La implementación de este modelo -simple como todo lo exitoso-, no solo permitiría generar beneficios para los sectores público y privado, sino que puede aportar a la calidad, la productividad y la transparencia, la disminución de la informalidad y la creación de más empleo decente y protegido, es decir, al cumplimiento de los roles sustantivos que a ambos nos asigna la Constitución y nos demanda la ciudadanía.

La asociatividad y el trabajo articulado entre el sector privado y las instituciones estatales a escala nacional, departamental y municipal ha dejado de ser una posibilidad, para convertirse en una necesidad y una responsabilidad. El ejemplo que nos deja el acuerdo para la producción y comercialización de etanol puede ser tomado como modelo, aunque es evidente que existen muchas formas y mecanismos con los que se puede implementar, atendiendo a las particularidades de los sectores y la vocación productiva de las regiones.

Por lo pronto, es fundamental que se concreten iniciativas como el impulso a la minería a través de incentivos en el marco de la ley de inversiones; la mayor participación del sector constructor nacional en la ejecución de obras públicas; entorno regulatorio adecuado para el desempeño del sector de telecomunicaciones; consolidación de vocaciones productivas en la macrorregión norte y macrorregión sur; consolidación de parques industriales y puertos secos, entre otros.

Ese puede ser el inicio de un proceso que definitivamente cambiará la realidad económica productiva del país.