Escucha esta nota aquí

Uno de los abogados de Evo Morales confirmó ayer que el presidente se hará hoy la prueba de ADN aunque no confirmó que asistirá al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), a donde lo citó una juez para las 17:00. Por su lado, el defensor de Gabriela Zapata, expareja del mandatario, confirmó que ella y el niño irán, pero se harán la prueba solamente si es simultánea.

Un memorial al que accedió EL?DEBER confirma que la solicitud de que se practique el examen la realizó el presidente, a través de sus abogados. “Es un tema que está en reserva, no le puedo contestar al respecto”, contestó Ricardo Velásquez, uno de los representantes de Morales, consultado ayer.

Cuando se le preguntó —específicamente— si Morales asistirá al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) hoy a las 17:00, él respondió: “Tampoco le puedo contestar, esos temas son intrajuzgado, así que me excuso”.
“Pero si hay una orden judicial, su cliente está obligado, ¿no?”, se consultó al jurista, a lo que él retrucó: “Cuando se trata de un proceso en el que se halla involucrado un niño lógicamente que el juez dispone todas las medidas de prueba que se deben realizar y, como ciudadanos, todos estamos obligados a cumplir con lo que dice el mandato de la ley y el mandato judicial. En ese entendido, Evo Morales es un ciudadano más que cumple con la ley”.

Por su parte, Eduardo León, uno de los abogados que defiende a Gabriela Zapata, planteó una condición para que su clienta y su hijo se realicen la prueba. Pidió que el presidente se la haga de forma simultánea con ellos y en el mismo lugar. “De lo contrario, sería un engaño. Tienen que estar las tres personas: padre, madre e hijo y tanto los abogados como los peritos, para que lo vayamos a acreditar deben estar presentes. ¿Cómo vamos a saber que se le está tomando la muestra a una de las partes?”, señaló León.

En declaraciones a ANF, el abogado de Zapata aseguró que el IDIF no brinda la confianza para realizar este tipo de acciones porque es una entidad dependiente de la Fiscalía, misma que a su juicio está “totalmente politizada” y, por tanto, no ofrece “seguridad jurídica” al caso.
Por eso, Eduardo León indicó que serán contratados peritos particulares para garantizar la transparencia del procedimiento. El abogado lamentó que se hubiera quebrado el principio de “reserva” del proceso determinada por la jueza para citar a las dos partes involucradas.

Velásquez, por su lado, replicó que la ley dispone reserva en estos casos, “y no solamente para las partes, sino también para los abogados e incluso para los medios, que deben resguardar la identidad del menor”