Escucha esta nota aquí

Ante el anuncio del Defensor del Pueblo, David Tezanos, la semana pasada en Cochabamba, de presentar acciones de libertad innovativas para que se establezcan responsabilidades por el daño causado a personas que han estado presas por un tiempo superior al que conlleva su pena, el magistrado por Santa Cruz, Olvis Egüez, refirió que estos temas son muy ‘sensibles’, que puede haber responsabilidades de tipo penal por parte de los administradores de justicia y aseguró que el TSJ “no va a proteger a nadie”. 

 ¿Qué posición se tiene sobre el anuncio del defensor del pueblo de buscar responsabilidades entre los jueces y fiscales que permitieron estas situaciones?
Sería una falta disciplinaria muy grave e incluso esta conducta se puede subsumir en alguna figura tipo penal, como privación ilegal de libertad. Tendrían que existir responsables entre los administradores de justicia, el Ministerio Público y las gobernaciones de las cárceles. 
En el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no se va a proteger a nadie si es que se determina algún tipo de responsabilidad en ese aspecto; estamos para hacer cumplir la CPE y vamos a ser firmes para tomar las acciones correspondientes.

 ¿Por qué se dan estos casos? 

Las gobernaciones que administran los centros penitenciarios deberían tener un registro adecuado de la situación procesal de cada interno e informar adecuadamente a los jueces de ejecución. Se necesita un registro digitalizado, que tienda a determinar la ‘biografía’ de cada recluso desde que ingresa y los diferentes mandamientos y condenas que tienen. 

En Santa Cruz venimos llevando adelante una ardua campaña con el traslado de jueces penales a las cárceles, entre ellos los jueces de ejecución, y hemos desarrollado reuniones con autoridades penitenciarias en las que se concluyó que se debe detectar la situación jurídica procesal de todos y cada uno de los reclusos. De esta forma, en Palmasola hemos tenido 51 reos liberados (en 30 días) por jueces de ejecución penal. 

También hacen falta más jueces de ejecución; solo tenemos cuatro en la capital con sobrecarga procesal y ninguno en provincias. 

En ese afán de corregir falencias, se debe tener cuidado en los procedimientos... 

Son temas sensibles, pues si se libera a alguien que no correspondiera, se da una resolución prevaricadora y la ciudadanía no vería un error, sino algún interés por detrás; pero, por el otro lado, se puede prestar a que se violenten los derechos de un reo que debería estar en libertad. 

En ese sentido, mientras exista mayor claridad y control en los registros desde las gobernaciones, se va a cometer menos errores. Actualmente se está dinamizando este aspecto, se está coordinando para no incurrir en estos hechos. 

Puedes leer: