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“Nada entró ‘volando’, todo ingresó por la puerta (de la cárcel), donde Régimen Penitenciario y la Policía hacen control. Dejen de ser cómplices si es que no son ustedes los que cobran por meter cosas”. Así cuestionó la diputada Maida Paz a los directores nacional y departamental de Régimen Penitenciario ayer en la Brigada Parlamentaria, en la reunión donde todas las autoridades que tienen que ver con el tema carcelario acudieron a dar un informe. 

Los cuestionamientos giraron en torno a la falta de control en el ingreso de niños y de todo lo que se encontró en el penal, armas, drogas y objetos de valor que están restringidos. 

A su turno, la jueza de la Niñez Shirley Becerra y la responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Roxana Ortiz y Duberty Soleto, de la Gobernación, también cuestionaron a Régimen Penitenciario por haber permitido el ingreso de niños a vivir en el penal luego de que habían logrado sacar a 398 niños en un proceso que duró años. 

Tampoco faltaron los cuestionamientos de otros parlamentarios por las condiciones en que viven los internos en cuestiones de salud, terapias de rehabilitación y hacinamiento.

López señaló que el problema de los controles viene de muchos años atrás y reconoció que “hay una debilidad” en este aspecto. 

Señaló que se tomarán medidas para reforzar la seguridad en el PC-4 con la construcción de garitas para el control estático y se solicitará mayor número de efectivos policiales para el control dinámico y que estará sujeto a la clasificación de los internos. 

López, consultado por el diario EL DEBER sobre si estas medidas garantizan que en el penal no volverán a encontrarse drogas, armas y todos los objetos que el viceministerio de Seguridad Ciudadana y Policía hizo conocer, dijo que “todos los hechos que realizamos es para garantizar eso, luego los controles periódicos van a tener ese efecto”. 

Otras quejas

Becerra también manifestó que las instituciones que velan por los niños no participaron del operativo policial, que derivó en ocho internos fallecidos, porque no estaban de acuerdo con una intervención violenta, puesto que durante varios años vienen trabajando para que el retiro de menores sea pacífico. 

Asimismo, la diputada Paz  reclamó que el 7 de marzo, cuando una comisión de parlamentarios acudió al penal, fueron llevados “como tontos” a ver el tema de los niños, pues les indicaron que ese había sido el problema del motín, cuando la verdadera causa era una pugna de poder. “Se ocultó el hecho de la destrucción de un pabellón”, recordó. 

Nueva cárcel

En la reunión, López hizo referencia al estudio a diseño final que se elabora para la construcción de una nueva cárcel y que luego se debe buscar financiamiento. Al respecto, Fernando Rosso, de las Juntas Vecinales, dijo que las cárceles deben ser manejadas por civiles y que solo la seguridad externa debe estar a cargo de la Policía, mientras que el fiscal José Parra sugirió suprimir la detención preventiva en delitos leves, culposos y patrimoniales para frenar el hacinamiento de las cárceles. 
Al final, se acordó una nueva reunión el 16 de abril en el penal, para verificar si hubo cambios.

Exigen cuidado estricto para el ingreso de niños

“Estamos en condiciones de asegurar que no existe ni un solo niño en Palmasola”, señaló la jueza del menor Shirley Becerra, mientras que el director del Servicio de Políticas Sociales de la Gobernación, Duberty Soleto, indicó que de los siete niños que les derivó la Defensoría, solo uno queda en un hogar de menores, pues los otros fueron recogidos por sus familias sustitutas. 

A su vez, la defensora de la niñez, Roxana Ortiz, señaló que exigirán que se construyan ambientes para la visita de los niños a sus padres y que los controles se hagan de manera estricta. La juzgadora recordó que hace años se implementó un credencial para evitar que los menores que no tienen padres recluidos ingresen a los ambientes del reclusorio. 

Por ello se solicitó que la Policía y Régimen Penitenciario sigan un procedimiento y den parte a la Defensoría cuando alguien quiera hacer ingresar a un menor sin seguir las normas establecidas.