Opinión

Riesgos en las contrataciones directas

El Deber 1/7/2018 20:58

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De 49 contratos gubernamentales revisados por EL
DEBER, 22 no consideraron las licitaciones o invitaciones
públicas, según un reportaje publicado hace
una semana por este diario. El dato llama la atención,
ya que las adjudicaciones directas resultan aceptables
solo si apuntan a atender necesidades urgentes,
cuando hay una burocracia que impide atención y
soluciones rápidas, pero generan desconfianza cuando
son de alguna manera frecuentes, numerosas y
por montos millonarios.
El informe periodístico coloca a los ministerios de Salud
y de Obras Públicas como los que encabezan en
número y en inversión la veintena de contratos para
transacciones directas. Las adjudicaciones se hicieron
desde 2008 por más de 5.400 millones de bolivianos,
según la publicación. El destino ha sido la construcción
de hospitales, casi un millar de ambulancias, máquinas
de hemodiálisis, un instituto cardiológico, algunos
aeropuertos y un par de polideportivos. El ministerio
de Defensa también adquirió directamente aviones
y la Cancillería adjudicó servicios para ceremonias gubernamentales.
Además, no hubo licitaciones públicas
para obras de los Juegos Bolivarianos de Sucre, tampoco
para servicios y dotaciones en los recientes Juegos
Suramericanos de Cochabamba. Ha surgido recientemente
una inquietud también por algunas compras directas
para la nueva Casa Grande del Pueblo.
De acuerdo al artículo 339 de la Constitución Política,
el presidente podrá decretar pagos directos y no
autorizados por la ley del presupuesto únicamente
para atender necesidades impostergables derivadas
de calamidades públicas, de conmoción interna o de
agotamiento de recursos destinados a mantener servicios
cuya paralización causaría graves daños. También
el decreto 181 de administración de bienes y
servicios establece que la contratación directa es para
combustibles, servicios públicos básicos, medios
de comunicación, alquileres de inmuebles, pasajes
aéreos y otros gastos menores.
Por lo tanto, obras y dotaciones millonarias siempre
deberían aprobarse y ejecutarse en el marco de concursos
o licitaciones públicas para garantizar los mejores
precios y evitar favorecimientos a algunas empresas
o grupos con nexos políticos, lo que atenta contra el
principio de transparencia y la institucionalización.
Algunos oficialistas justifican los contratos directos argumentando
que antes de la gestión de Evo Morales
nunca se ejecutaron tantas obras ni en forma tan rápida,
y que en el pasado neoliberal hubo más corrupción
que ahora, pese a las licitaciones. No son razones contundentes
para anular procedimientos o para evitar la
fiscalización de instituciones que apenas se dejan sentir.
Necesitamos un control constante del Legislativo, la
Contraloría y el Viceministerio de Transparencia, al
menos, para evitar la corrupción, que se