Opinión

Lucha contra la corrupción

El Deber Hace 12/28/2017 8:00:00 AM

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La corrupción parece ser uno de los temas que más inquietan al presidente y a su intención de buscar la reelección en 2019. El sábado, durante la reunión de gabinete ampliado en Cochabamba, anunció la creación de un comité de lucha y ordenó realizar auditorías en los ministerios cada tres meses, con el fin de acabar con este problema que dio lugar a sonados escándalos durante el año que termina. Las palabras del primer mandatario pueden ser esperanzadoras para los bolivianos si es que van acompañadas de hechos que permitan contrarrestar los vergonzosos casos detectados y aún no resueltos. 

Por ejemplo, el fiscal general ordenó terminar las investigaciones en el caso del Fondo Indígena, donde se causó un daño al Estado superior a los Bs 100 millones, mientras los jueces permiten la salida de la cárcel de importantes exautoridades que son sospechosas de tener responsabilidad y sin que quede claro cómo es que se produjo ese desfalco y cómo se recuperará el dinero.

Solo por citar algunos ejemplos, en lo que va del año, el país supo de la firma de seis contratos irregulares en Bolivia TV, con un presunto daño económico de Bs 130 millones. En el Banco Unión se produjo un desfalco de 37,6 millones de bolivianos, que aún está irresuelto. Por si eso fuera poco, se denunció el robo de tarjetas de Entel por una suma también de varios ceros y ocurrieron malos manejos en el Ministerio de Defensa, dejando un gran bache económico.

Seguramente las auditorías trimestrales en los ministerios funcionarían si es que los auditores generaran confianza en la ciudadanía; sin embargo, las investigaciones de los casos mencionados y de otros dejaron más dudas que esclarecimiento.

También sería útil y daría sustento a las palabras del primer mandatario que las autoridades de los principales organismos de fiscalización del

Estado dejaran de ser interinas y se cumpliera la ley para la designación de personas idóneas y con experiencia, de manera que esos cargos dejen de ser nominados en base a la confianza política del principal ejecutivo del país.

En el Gobierno también se habla de mejorar el control social, que está definido en la Constitución y que tiene una ley particular. Para ese efecto, será conveniente que los dirigentes de los movimientos sociales que se vieron involucrados en casos de corrupción sean previamente castigados, a fin de que su responsabilidad como fiscalizadores del aparato público sea un motivo de confianza y no de susceptibilidad.

En suma, son muchas las señales que el país requiere del presidente y de sus colaboradores. Todos los ciudadanos anhelamos una Bolivia transparente, con autoridades confiables y con responsabilidad en el manejo del dinero que administra el Estado, que es de todos los bolivianos.