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Todo empezó en Facebook. Tras las explicaciones de Jorge Landívar, jefe del gabinete de Percy Fernández, sobre una publicación en la que el alcalde cruceño criticó la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que elimina límites a la reelección  del presidente Evo Morales y a las demás autoridades electas, Vladimir Peña, ejecutivo de Demócratas y vocero del gobernador Rubén Costas, llamó ayer a una rueda de prensa en el lobby del hotel Los Tajibos para decir que Fernández y su aliado, el presidente, fueron derrotados el 21-F, le reprochó al munícipe no haber salido a reconocer esos resultados, machacó con que su pronunciamiento ahora era extemporáneo y que solo lo hacía por la victoria del voto nulo en Santa Cruz para las judiciales.

Pero algo más: pidió que el alcalde aclare al pueblo su futuro político. “Quisiéramos que el alcalde Percy Fernández diga con claridad, con contundencia, con determinación, como lo ha hecho Rubén Costas, que no será candidato a la reelección en 2020”, dijo.
La Gobernación no fue la única que cuestionó el momento que Fernández eligió para dar un giro político –justo después de unas elecciones judiciales en las que se impuso el voto nulo (51%) que impulsó la oposición– y criticar la sentencia de la reelección. El activista contra el aborto Eduardo Gutiérrez, de la plataforma ciudadana SOS Bolivia, atribuyó el pronunciamiento del alcalde a un mero “cálculo político”, de acuerdo con una entrevista con Unitel.

“La sentencia dictaminada por el Tribunal Constitucional de Bolivia no hace justicia con la Constitución Política del Estado, a la que juré defender, cumplir y hacer cumplir”, dice el pronunciamiento de Fernández en su cuenta oficial de Facebook, que se publicó el sábado, se eliminó el domingo y se restituyó, según Landívar, anteayer por orden del alcalde.

“Deseo que las nuevas autoridades que surjan del proceso eleccionario convocado para la renovación de las altas magistraturas judiciales del país repongan la vigencia plena de la Constitución”, dice el post como conclusión.

La dúplica

Entonces Landívar atacó personalmente. “Yo le quiero decir, y en especial a Vladimir Peña, a quien conozco de hace algún tiempito, que él todavía es un niño de pecho en política y que él no va a marcar la agenda del gobierno municipal”, arremetió el político veterano y exministro de Información de Hugo Banzer.

Ayer, en diálogo con EL DEBER convirtió el intercambio en una disputa entre la gestión de la Alcaldía –que dijo que tiene obras y resultados como el Programa de Salud Gratuita para mostrar– y de  la Gobernación. “En lugar de mostrar obras y qué es lo que hacen por el departamento, por este pueblo, están buscando cómo desgastar, desportillar la gestión de los que ellos consideran como sus adversarios”, culpó Landívar.

¿Qué están haciendo con los recursos económicos de la Gobernación?”.

La réplica
Aludido, Peña dijo que no quería convertir la discusión en algo personal. “Qué Landívar se quedé tranquilo, esto no es cuestión de gestiones. El pueblo dirá dónde hay gestión y dónde corrupción. Esto se trata de que hasta hace dos meses, el alcalde le pedía al presidente que venza los escollos para habilitar la reelección. O sea el voto del 21-F”, explicó. Él cree que Percy se corrigió tardíamente.

El Ministro Arce arremete contra Tuto
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, criticó la “doble moral” del expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), quien por un lado avala las elecciones en Honduras, donde se admitió la reelección bajo el amparo del Pacto de San José de Costa Rica, y por el otro, cuestiona en Bolivia el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que aplica esa línea jurisprudencial.

En un artículo que publicó en EL DEBER, Arce recordó que a principios de este año el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, eligió a Quiroga como jefe de la Misión de Observadores.

Las elecciones en Honduras se realizaron después de la implementación de la sentencia de la Sala Constitucional de Honduras, que el 22 de abril de 2015, luego de la petición de varios diputados de ese país y un expresidente, decidió la inaplicabilidad de los artículos 239 y 42 (5) de la Constitución Hondureña, que restringían el derecho a participar  irrestrictamente en comicios.