Escucha esta nota aquí

La directora ejecutiva de la Unidad de Intervención al Fondo Indígena, Lariza Fuentes, reveló este miércoles que el Directorio de esa entidad aprobó los estados financieros elaborados por auditores externos, en base a información falsa, y tampoco fueron remitidos al Ministerio de Economía ni a la Contraloría General del Estado.

Fuentes acudió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos para prestar un informe sobre los alcances de la intervención al Fondo Indígena y las acciones que continúa desarrollando para esclarecer y sancionar a los responsables del millonario hecho de corrupción.

"Se han presentado los estados financieros de acuerdo a lo que dicen las normas, se han auditado, ha sido una auditoría externa", afirmó Fuentes y añadió que en su caso tuvo que aprobar los estados financieros de la pasada gestión. "Yo sabía que estaban mal, yo mandé con observaciones", dijo.

Piden procesar a empresa auditora 

Al presidente de la Comisión, Oscar Ortiz, le parece grave la información. "Sobre los estados financieros creo que hay una situación compleja porque los estados financieros no habrían sido fidedignos, no habrían correspondido a la realidad, y esto salvaría de responsabilidad a los directores; entonces ¿por qué no se procesó a las empresas auditoras que hicieron esos estados financieros? ¿Por qué habrían incumplido con la veracidad?", cuestionó.

Quitan responsabilidad al Directorio 

Fuentes aseguró que el Directorio del Fondo no tiene ninguna responsabilidad o corresponsabilidad en el manejo de esa entidad.
Aseveró que las principales falencias se generaron en la administración de la gestión que debía recaer en los directores ejecutivos, porque debían ser los ejecutores de las normas que aprobó el Directorio que, según el Decreto Supremo de funcionamiento, era la máxima instancia de decisiones.

También reconoció el irregular desembolso de recursos económicos a cuentas personales de los representantes legales, en este caso culpó a los directores ejecutivos de hacer los desembolsos pese a que las normas exigían que los depósitos debían ser a cuentas mancomunadas.

La Unidad de liquidación del Fondo será la responsable de las auditorías de los proyectos, trabajo que ya empezó, manifestó Fuentes. Reiteró que el daño económico se estima en 102,2 millones de bolivianos, de este monto 14,3 millones son por los proyectos fantasmas y 87,7 millones por proyectos con plazos que ya se vencieron.

De los 713 proyectos observados, 400 están pendientes de presentar sus descargos, con la posibilidad de ser enviados al Ministerio Público, y a 313 se procederá con las auditorías.