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A partir de mediados de 2016 aquellas personas que sean sorprendidas botando basura en la vía pública deberán pagar una multa de hasta Bs 828, el equivalente a un medio salario mínimo nacional y las que sean encontradas quemando residuos peligrosos, como los restos de medicamentos que tienen mercurio o las pilas, serán multadas con hasta Bs 66.240, el equivalente a 40 salarios mínimos nacionales.

Estas sanciones económicas son parte de las disposiciones establecidas en la ley de Gestión Integral de Residuos, norma promulgada por el presidente Evo Morales a finales de octubre y que debe comenzar a cumplirse a mediados del siguiente año, luego de que los gobiernos municipales y departamentales redacten reglamentos operativos para hacer efectiva la legislación.

La ley, que tiene como principio reducir la generación de residuos sólidos en el país, también establece que es delito penal verter los lixiviados (líquido que se produce por la descomposición de la basura) en los cursos de agua o instalar botaderos en áreas cercanas a estos afluentes. Los años de prisión van de uno a 10.

Orlando Jiménez, experto en temas relacionados con el tratamiento de los residuos urbanos, ve con optimismo la normativa y señala que era urgente su elaboración, ya que no se puede seguir manteniendo el sistema que hasta ahora se tiene y que resulta ineficiente.

Darío Gutiérrez, directivo de la firma SUMA?dedicada al trabajo de la recolección de residuos, considera buena la iniciativa planteada, aunque observa que durante su aplicación se puede encontrar una serie de obstáculos operativos.

Observan problemas
Manlio Roca, exsecretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, dijo estar a favor de la disposición que las autoridades nacionales a través del Ministerio de Aguas y Medio Ambiente han elaborado, pero observó que no existe la capacidad de la mayoría de los municipios de ejecutar efectivamente este trabajo.

Como un ejemplo citó lo que sucede en Santa Cruz, donde solo uno de los 56 municipios cuenta con un sistema de disposición de residuos, que incluso está operando con precariedad de acuerdo a los últimos estudios a los que se sometió.

De igual forma Jiménez indicó que de las 339 comunas que hay en Bolivia, solo en algunas capitales de departamento se ejecuta un trabajo adecuado en el manejo de la basura.

Difusión y educación
La sicóloga social Isabella Prado cuestionó la falta de difusión de la nueva normativa y echó en falta la educación medioambiental en las unidades educativas, como parte del apoyo a la aplicación de la ley.
Gutiérrez reconoció que hacer cumplir la disposición será una tarea más que complicada, ya que observó la ausencia de campañas de concienciación en esta temática.

Desde el ministerio encargado de la disposición, indicaron que se está trabajando en una campaña agresiva de información y que ya se están coordinando acciones para reglamentar la ley. La Alcaldía y la Gobernación cruceñas, se abstuvieron de comentar