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La Procuraduría General de Brasil defendió ayer la atribución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para definir la situación del hábeas corpus solicitado por la defensa del expresidente Lula da Silva. El 6 de marzo, el máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el exmandatario, lo que llevó a su detención en una cárcel de Curitiba.

Ayer, el viceprocurador general electoral, Humberto Jacques de Medeiros, en una carta que intentó zanjar el conflicto judicial desatado el domingo entre dos jueces que terminó con la decisión del presidente del Tribunal Regional Federal (TRF-4) de mantener al exmandatario en prisión.

El ministro de Seguridad Pública de Brasil, Raúl Jungmann, aseguró ayer que la Policía se aferró a la ley al no excarcelar al expresidente Lula da Silva en medio del embate judicial registrado este domingo en torno a su situación.

“La Policía Federal cumplió estrictamente la ley en un momento muy difícil, complicado, de conflicto de competencias en el Poder Judicial”, declaró al diario O Estado de Sao Paulo el ministro, de cuyo despacho depende ese organismo de seguridad, en una de cuyas sedes Lula está encarcelado desde abril pasado.

Conflicto judicial

Las divergencias surgieron el domingo cuando el juez Rogério Favreto, de guardia en el TRF-4, aceptó un hábeas corpus presentado en favor de Lula por un grupo de diputados y ordenó su “inmediata” excarcelación.

Esa misma corte, en una decisión colegiada, condenó en enero a Lula a doce años por corrupción y, tras negar las apelaciones que cabían en ese ámbito, determinó su ingreso en prisión, cumplido el pasado 7 de abril.

Sin embargo, Favreto alegó que existía un “hecho nuevo”, el cual identificó en la condición de Lula de precandidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones del próximo 7 de octubre, pese a que había sido anunciada ya a principios de este año.

La decisión de Favreto fue cuestionada por el juez Sergio Moro, responsable por el caso en la primera instancia, y luego anulada por el magistrado João Gebran Neto, instructor de la causa en el TRF-4.

Aun así, Favreto insistió y dictó un segundo auto ordenando otra vez la excarcelación y emplazó a la Policía Federal a cumplirlo el mismo domingo.

Las autoridades policiales, frente al conflicto que se presentó en los tribunales, decidieron esperar a que el propio Poder Judicial resolviera el asunto, que fue finalmente zanjado por el presidente del TRF-4, Carlos Thompson Flores.

Después de casi diez horas de embate judicial, Thompson Flores decidió que, ante el “conflicto de competencias”, valía la decisión de Gebran Neto, que ya había sido respaldada el mismo domingo por la Procuraduría General de la República. Las discordias generaron un debate sobre el papel de un juez de guardia y un centenar de fiscales del Ministerio Público denunció por “activismo judicial” al juez Favreto.

La acusación, que puede generar sanciones administrativas, fue presentada ante el Consejo Nacional de Justicia y sostiene que, al dictar la orden de excarcelación, el juez “violó flagrantemente el principio del colegiado, y, por consiguiente, el orden jurídico y el Estado Democrático de Derecho”.

Según los fiscales, “un juez de guardia es incompetente para revocar la decisión de un colegiado”, en alusión a fallos del TRF-4 y otras cortes superiores que ya habían negado recursos similares en favor de Lula. En ese marco, aseguraron que Favreto incurrió en un “activismo judicial pernicioso y arbitrario” y violó normas según las cuales un juez de guardia no puede “apreciar recursos ya analizados por un tribunal colegiado”. 

El PT denuncia una maniobra política de la justicia para mantener al expresidente preso

El Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, denunció ayer una “conjura” del Poder Judicial para impedir que el ex presidente brasileño sea liberado y participe de las elecciones de octubre, pese a estar virtualmente inhabilitado.

 “Lula estaba prácticamente en la puerta de la Policía Federal para salir e infelizmente por una conjura” de la Policía y la justicia “le impidieron salir”, afirmó a periodistas la presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, en Sao Paulo.

La directiva de la formación se reunió ayer, un día después del conflicto entre jueces por la liberación del exmandatario, quien cumple desde abril pasado una pena de 12 años por corrupción.

El cruce de autos judiciales en torno a la situación de Lula fue interpretado por dirigentes del partido progresista como una evidencia de que la justicia brasileña actúa de manera “parcial”.

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