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La Constitución, vigente desde  2009, establece el principio de gratuidad en el art. 115 parágrafo 2, donde determina la protección oportuna y efectiva de las partes por el Órgano Jurisdiccional en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, así como garantiza el derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Sin embargo, este principio ha sido graduado por dos sentencias constitucionales (0361/2010-R y 0043/2006) en las que señala: “Los litigantes no deben pagar ningún emolumento, sueldo o retribución a los operadores de justicia, porque el Estado, al ser encargado de dirimir la justicia y de las controversias, se hace cargo de tal retribución. Sin embargo, el Estado no está obligado a correr con todos los gastos que derivan de la tramitación de un proceso, de manera que el litigante debe cubrir la compra de un timbre, papeleta o formularios valorados, fianza de resultas, multas por incumplimiento y porte de remisión de cuadernos procesales a otro asiento judicial, por ejemplo de una provincia a la capital del departamento y de un distrito a otro”.

Asimismo, la Sentencia Constitucional 0310/2015–S1 ha modulado la línea anterior estableciendo que el principio de gratuidad en la administración de justicia se encuentra plasmado en la CPE y en la Ley N° 025, por lo que es preciso manifestar que la Carta Magna fija el principio que rige la acción de impartir justicia. Los principios de independencia, imparcialidad, gratuidad, seguridad jurídica, armonía social respecto a los derechos ciudadanos constituyen esta línea jurisprudencial. Este fallo, que reivindica el principio de gratuidad, exime a las partes recurrentes de casación y de apelación, de manera que deben tomar recaudos para la remisión de expedientes y provisión de fotocopias, a efecto de llevar su caso ante el tribunal de alzada.  

Si bien la Ley del Órgano Judicial establece que será progresiva la gratuidad en la tramitación de las causas, en cuanto a la provisión de cédulas, papeletas, valorados de apelación, formularios de notificación, hojas bond, timbres de ley y otros, la autoridad judicial no puede paralizar que siga el proceso porque falten tales instrumentos, ya que eso implicaría dilación indebida del proceso y atentaría contra las partes afectadas y contra todo el sistema judicial, que fue diseñado en la nueva Constitución.

En tal sentido, hay una contradicción entre lo que manda la Constitución y la falta de recursos para remitir los expedientes ante el Tribunal de Casación en los plazos señalados. Eso puede derivar en que se declare desierto el recurso y ejecutoriado el auto de vista que es impugnado. Lo anterior no armoniza con las previsiones contenidas en la Constitución y se evidencia una total vulneración del principio de gratuidad de la justicia.

Si se pretende cumplir lo que manda la Constitución, cualquier fallo contrario quebrantaría el derecho al debido proceso, en lo que se refiere al derecho a la defensa y a la impugnación, conforme lo disponen los art. 115, 117, 180 inc. I y II de la CPE.