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Cuánto le preocupará el caso Quiborax al exprocurador Héctor Arce, que ha respondido dos veces a mis columnas al respecto. No me pareció prudente hacer ningún comentario en la primera ocasión, puesto que Arce no ofreció argumentación sólida y solo recurrió a lanzar calificativos. En la segunda, también publicada en este diario, utiliza un tono más reposado y trata de explicar por qué él y su equipo no son responsables de la pérdida de 42,6 millones de dólares por un proceso arbitral internacional pésimamente conducido.

Lo interesante de la segunda respuesta del exprocurador Arce es que él mismo da los argumentos contrarios a su posición: primero, ratifica que el Estado pudo haber pagado tres millones de dólares (y, luego, 27 millones) como indemnización a Quiborax para solucionar este entuerto. Como sabemos, la negligente defensa legal realizada hizo que se terminara pagando 42,6 millones porque decidió no cerrar el primer trato y no pudo cerrar el segundo.

Segundo, admite que el Estado intentó anular el juicio que Bolivia llevaba ante el Ciade debido a que se había falsificado un documento que le permitía al conglomerado empresarial acudir a un proceso internacional. El tiempo demostró que la defensa boliviana tampoco logró, incluso con la admisión de culpa del empresario boliviano en cuestión, evitar la humillante derrota.

Tercero, admite que la exsubprocuradora Carmiña Llorenti, familiar del embajador de Bolivia ante NNUU, Sacha Llorenti, prestó su computadora al abogado de la parte chilena para que este reenviara a su email varios documentos, entre otros el texto del desistimiento que habían pactado y el que la Fiscalía General tenía que enviar al Ciadi.

Todo eso es de conocimiento público y ahora ha sido confirmado por Arce. Lo que el exprocurador no ha comentado es lo siguiente:

1.- Si no fue una demostración de negligencia suya no haber aceptado el acuerdo de pago de tres millones de dólares (al que había que descontar 1,5 millones de dólares de defraudación de impuestos de la empresa, por lo que el pago real de resarcimiento iba a ser de solo 1,5 millones de dólares) y no haber podido confirmar el segundo, por 27 millones. En la primera ocasión Arce se desempeñaba como ministro de Defensa Legal del Estado y en la segunda, como procurador general.

2.- Si no es un acto ilegal que los negociadores de la parte chilena usaran en 2016 las oficinas de la Procuraduría para coordinar documentos legales a ser enviados al Ciadi y que incluso la exsubprocuradora Carmiña Llorenti les hubiera prestado su computadora. 

3.- Si no es un acto irregular que Llorenti no haya sido acusada penalmente ante tan grave irregularidad y que la Procuraduría hubiera demorado 15 meses en iniciarle un proceso administrativo, que luego concluyó sin sanción que se conozca. 

4.- Si no es un acto de posible traición a la patria el haber coordinado con los abogados chilenos el desistimiento de la acción boliviana, que debió haber pedido la anulación del proceso judicial y que pudo evitar el pago de los 42,6 millones de dólares.

5. Si no es ilegal que la subprocuradora Llorenti haya tenido en su computadora el texto del desistimiento, considerando que este debía ser redactado por la Fiscalía General de manera independiente a la Procuraduría.

6.- Si no le parece algo indignante que el empresario boliviano que falsificó los documentos que permitieron a Quiborax acudir al arbitraje internacional en el Ciadi hubiera terminado ganando 20 millones de dólares en este proceso.
El Estado ha perdido por el caso Quiborax debido a una seguidilla de errores y deficiente defensa del Estado la suma de 42,6 millones de dólares. Para un Gobierno acostumbrado al despilfarro y al exceso, parece ser que el monto es insignificante. Pues no lo es. Aquí por lo menos existe negligencia en la defensa de los intereses públicos. Si no cosas peores.