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El sistema disciplinario de la Policía dio de baja definitiva a 46 uniformados del Comando Departamental de Santa Cruz entre enero y octubre de este año por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Las exclusiones, contempladas en la ley 101 (Régimen disciplinario de la Policía boliviana), forman parte de 152 procesos que lleva adelante el Tribunal Disciplinario Departamental de la fuerza del orden de un total de 432 denuncias sentadas por la ciudadanía contra funcionarios policiales.

“Las estadísticas demuestran que hay equivocaciones y errores en muchos procedimientos de los policías. Es un indicador para reforzar o realimentar los conocimientos de los procedimientos policiales. No deja de llamar la atención y de preocuparnos porque lo ideal es que no exista ninguna denuncia. Sin embargo, hay 432 en 10 meses.

En la Fiscalía Departamental de la Policía trabajamos totalmente ceñidos a la ley 101, que contempla todas las faltas que pudieran cometer los funcionarios, los procedimientos y las sanciones. Por lo tanto, no tenemos la opción ni las posibilidades de apartarnos de la norma”, manifestó el coronel?Aquiles Zabala, titular de la Fiscalía policial.

El Tribunal Disciplinario de la entidad verde olivo tiene pendiente de resolución 71 procesos, cuyas sentencias pueden dictarse en el transcurso del año.

Ballesteros, en capilla
El teniente administrativo Wálter Ballesteros Bustos, agente de la División de Delitos Económicos y Financieros de la Felcc, descubierto el jueves extorsionando dinero al misionero católico Fernando Mosqueda Caicedo (colombiano), fue suspendido de sus funciones y remitido a la Fiscalía policial para su procesamiento interno.

Ballesteros, con más de 27 años de servicio y cerca de la jubilación, supuestamente obligó al extranjero a retirar del banco $us 1.500 (en dos ocasiones) a cambio de restituirle la libertad y la devolución de sus documentos personales, pese a que el fiscal Wálter Antezana había dispuesto su cese de arresto al no hallar indicios de falsedad material e ideológica, presunto delito por el que Mosqueda fue arrestado el miércoles por la Interpol en el hotel Ébano.

El misionero tiene doble identidad y, en una reunión, explicó al comandante de la Policía, Sabino Guzmán, que usó otro nombre para preservar su vida, pues en su país presuntamente era acosado por grupos irregulares.

Ballesteros adecuó su conducta al artículo 14 numeral 4 de la ley 101, que implica favorecerse en el ejercicio de sus funciones con dádivas o bienes y, en este caso, la sanción es baja definitiva, previo proceso.
“La prueba documental (video) es contundente, creo que no hay mayores dudas”, señaló Aquiles Zabala.

La justicia ordinaria también ha tomado cartas en el asunto, con la denuncia sentada de oficio por la Fiscalía contra el policía. La fiscal anticorrupción María del Carmen Roca fue designada para indagar el caso, por lo que citará a declarar a Ballesteros, al fiscal Antezana y a otros policías que intervinieron en el arresto del religioso. Adicionalmente, Roca ha requerido las imágenes de la extorsión para anexarlas al cuadernillo de investigación