"El Gobierno de Bolivia se comporta como un mal perdedor", afirmó en las últimas horas el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Ribera, frente a la intervención de Bolivia en la Asamblea General de la OEA, donde se planteó reiniciar el diálogo marítimo.

Diego Pary, canciller nacional, sostuvo en la víspera, en medio del 49 encuentro de la Organización de los Estados Americanos, que "una vez conocidos los alcances del fallo de fondo (en La Haya), el presidente Morales remitió el 9 de octubre del pasado año, una cordial invitación al presidente Sebastián Piñera para reiniciar el diálogo diplomático a fin de atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia".

Palabras del canciller en la OEA:

Ese criterio generó una dura reacción en el Gobierno de Chile. Su representante indicó que lo tratado por Pary “no es parte de esta agenda y respecto de la cual esta organización (la OEA) no tiene competencia, y que recientemente, el 1 de octubre de 2018, fue objeto de un fallo categórico y definitivo de la Corte Internacional de Justicia”.

Ante esa postura, el agente nacional ante La Haya, y expresidente, Eduardo Rodríguez Veltzé, se pronunció. "Inaceptable calificativo de canciller chileno Ribera a Bolivia en Asamblea General de la OEA, perdió el respeto y la oportunidad de abrir un nuevo tiempo de diálogo constructivo" (sic), escribió en Twitter.

Tuit del representante nacional:

Pary además recordó que el fallo reconoció que “Bolivia nació como Estado, con una costa marítima de más de 400 kilómetros y asimismo destacó que ningún tratado o acuerdo ha resuelto el diferendo existente entre Bolivia y Chile. En suma, el procedimiento judicial resultó insuficiente para resolver la controversia entre las partes, puesto que esta no se limita solo a cuestiones jurídicas. El fallo de la Corte reconoce la subsistencia de una disputa pendiente, relativa al enclaustramiento de Bolivia”.

Sin embargo, Ribera enfatizó que el veredicto "rechazó en todas sus partes la demanda marítima boliviana y concluyó, por 12 votos contra tres, que la República de Chile no asumió una obligación jurídica de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia”.

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