Uno de los líderes de la exguerrilla colombiana de las FARC, Jesús Santrich, fue recapturado minutos después de salir de la cárcel en silla de ruedas, tras la fuerte presión de Estados Unidos, que lo quiere juzgar por narcotráfico. 

Santrich había conseguido su liberación amparado en una orden del tribunal de paz que investiga los crímenes atroces cometidos durante el conflicto, pero apenas alcanzó a cruzar las puertas de La Picota, en Bogotá, cuando fue abordado por agentes de la fiscalía. 

El exnegociador de los acuerdos que permitieron el desarme y transformación de las FARC en partido político fue reconducido al penal y luego montado en un helicóptero de la Policía. Con semblante quebrado, fue subido en silla de ruedas. 

En un comunicado, la Fiscalía señaló que "hizo efectiva" una nueva orden de captura dentro de la investigación por narcotráfico que se le sigue en Estados Unidos. 

De 52 años y con una aguda deficiencia visual, Santrich había sido detenido inicialmente en abril de 2018 con fines de extradición bajo la sospecha de haber conspirado para enviar cocaína a territorio norteamericano. 

Santrich siempre ha proclamado su inocencia y asegura que los señalamientos por narcotráfico responden a un complot de Washington y la fiscalía colombiana. Durante su tiempo en prisión, realizó al menos dos huelgas de hambre. 

Una acción polémica

La justicia de paz dictó el fallo a favor de Santrich alegando que no recibió de Estados Unidos las pruebas que supuestamente lo comprometen en un delito cometido después de la firma del pacto de paz.

Tras exigir la "apelación urgente" de la decisión de primera instancia, la embajada de Washington lanzó una advertencia al dirigente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido surgido de los acuerdo que fueron suscritos en noviembre de 2016. 

"Ninguna decisión en el futuro" cambia "el hecho de que un Gran Jurado" en Nueva York acusó a Santrich "por presuntamente conspirar para enviar 10.000 kilos de cocaína a Estados Unidos entre junio de 2017 y abril de 2018", advirtió la representación diplomática en un comunicado.

El acuerdo que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes prevé beneficios penales para  responsables de delitos atroces que contribuyan a la verdad, la justicia y reparación de las víctimas; sin embargo, deja sin efecto el blindaje contra la extradición para quienes hayan reincidido después de la entrada en vigor de los acuerdos de paz.