La presencia de personas en situación de calle, adictas a las drogas, representan el mayor tormento para los vecinos del céntrico Distrito Municipal 4 de Santa Cruz de la Sierra, el cual engloba a 17 barrios asentados en 10 unidades vecinales.

Este extremo ha sido identificado mediante un relevamiento de datos sobre los puntos críticos registrados por los vecinos, barrio por barrio, en los que también se han señalado los asaltos, la prostitución clandestina, funcionamiento de rocolas, ocupación de las aceras, etc., como otras causas que quebrantan a diario la seguridad y el buen vivir de los habitantes de esta zona, ubicada entre el segundo y cuarto anillo, desde la avenida Santos Dumont hasta la avenida Piraí.

Antonio Azeñas, del control social del distrito, espera que el municipio también haga desocupar las aceras en los barrios Alto San Pedro, Villa Warnes y Morita, donde operan comerciantes y talleres de toda índole.

Acuden a las autoridades

El distrito comprende las UV 26, 27, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51 y 52, en las que están los barrios Aeronáutico, Santa Rosa, Braniff, Ramafa, El Carmen, El Pari, Urbarí, Cooper, Guaracal, Morita CRE, Morita, Morita Petrocaja, Villa Warnes, Alto San Pedro, Villa Fátima, Las Palmas y Villa Rosario.

Ante esta situación, la Asociación Autónoma de Juntas Vecinales Cívicas del DM-4 emitió un voto resolutivo, en el que exigen a los gobiernos central, departamental y municipal la apertura de un centro de rehabilitación para drogadictos, así como la aprobación de una ley para que, con carácter obligatorio, se los rehabilite.

“El Distrito 4 está lleno de personas en situación de calle. Viven en los puentes, en los canales y en las plazas. Nos preocupa su situación porque hay mujeres y niños y nos preocupa los ciudadanos, que son víctimas de estas personas, que, para subsistir, salen a asaltar y, en el trance que están, pueden hasta matar. Por lo tanto, hemos hecho un voto resolutivo pidiendo a los tres niveles del Estado que construyan un centro de rehabilitación para drogodependientes y la creación de una ley que los obligue a la reinserción social”, dijo Rubén Vidangos, presidente de la Asociación de Juntas Vecinales del DM-4.

Vidangos indicó que solo el Gobierno central contestó la petición y envió a Hugo Siles, coordinador técnico del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), quien se reunió con ellos.

Hugo Siles dijo a EL DEBER que ya existe un centro para rehabilitar a drogodependientes en la av. Virgen de Lujan, edificado por el municipio y que el Gobierno, por medio del Ministerio de Salud, firmará un convenio con la Alcaldía para hacer funcionar el centro al 100%, pues ahora solo lo hace con el 20% de su capacidad.

Sobre el pedido de una ley que obligue a los adictos a rehabilitarse, aclaró que es inconstitucional, pues en ninguna parte del mundo se puede forzar a una persona a ir contra su voluntad.

Duberty Soleto, director de Políticas Sociales de la Gobernación, aseguró que a su despacho no llegó el voto resolutivo del DM-4, pero prometió ponerse en contacto con los dirigentes del sector para coordinar operativos, con apoyo de la Policía.

Soleto reveló que son 1.043 las personas que viven en las calles de la ciudad, por lo que los centros de rehabilitación resultarían insuficientes para contenerlos. Empero, señaló que ese no es el mayor problema, sino la falta de un hospital de desintoxicación, en el cual los drogodependientes venzan la fase de abstinencia para luego enviarlos a los centros de rehabilitación.

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